Díaz recauda 1.530 millones en multas a empresas por deficiencias en el control de la jornada laboral

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha impuesto sanciones por un total de 1.530,24 millones de euros por infracciones por parte de las empresas respecto a su obligación de registrar la jornada diaria de sus trabajadores. El control horario de la jornada laboral fue implementado en mayo de 2019 por el Gobierno del PSOE como medida de control al gran número de horas extra sin registrar y, por consiguiente, sin cotizar, que realizan los trabajadores en España. Desde entonces, con datos actualizados hasta el 20 de septiembre de 2021, la Inspección ha detectado 1.274 infracciones en dicho control por parte de las empresas.

En concreto, en 2021, hasta el 20 de septiembre, la Inspección impuso sanciones por un valor total de 514,9 millones de euros tras detectar 401 infracciones. Esta cantidad se suma así a los 241,15 millones en sanciones registradas entre mayo y diciembre de 2019, cuando se detectaron 225 infracciones, y a los 774,19 millones en sanciones impuestas en la totalidad de 2020, sobre 648 infracciones. De esta forma, la cuantía de las sanciones impuestas en el presente ejercicio hasta el 20 de septiembre supone el 66,5% del importe total de las sanciones registradas en 2020, mientras que, en lo referente al número de infracciones detectadas, las 401 de los nueve primeros meses de 2021 suponen el 61,8% de las 648 del pasado año.

Por otro lado, la labor de la Inspección de Trabajo ha conseguido transformar más de 300.000 contratos temporales en indefinidos en lo que va de año, tras haber incrementado en un 355% su actividad durante los dos últimos años. Los expedientes tramitados en este tiempo relativos a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de la pandemia han traído la incoación de 44.393 expedientes, de los que se han finalizado 35.190. De todos ellos, culminaron con resultados sancionadores solo 5.832. Se han finalizado 35.190 informes sobre Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que han resultado en 5.832 sanciones.

Tan solo ha habido 5.832 sanciones sobre 35.190 expedientes finalizados y 44.393 incoados. Con el cruce de datos sobre empresas que tienen trabajos temporales con duración superior a 24 meses, se han convertido en indefinidos 267.000 contratos de trabajo en fraude en tres meses. Además, en lo que va de año, 50.191 empleos irregulares se han sido dados de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social y 280.565 contratos temporales irregulares se han transformado en indefinidos.

El Consejo de Ministros aprobó esta semana el plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con el que se creará una oficina de lucha contra la discriminación y otra sobre la lucha transnacional contra el fraude, y se reforzarán las capacidades del organismo en los despidos colectivos. El plan contempla transformaciones estructurales de la Inspección para readaptar su actividad a los cambios económicos y sociales que se han visto acelerados con la pandemia, mediante una actualización de sus estrategias y planes de intervención con los que hacer frente “a las formas de fraude laboral más novedosas”.

También se creará una oficina estatal de lucha contra la discriminación, para combatirla de forma real y eficaz, ya sea de género, por discapacidad o condición sexual, por ejemplo. Asimismo, configura una unidad especial centrada en la lucha contra el fraude en el trabajo transnacional, para detectar empresas buzón radicadas en España y que operan en otros países de la Unión Europea y viceversa.

La modernización de la Inspección pasa además por impulsar las nuevas tecnologías y el big data en el diseño de las actuaciones inspectoras y por incorporar perfiles para afrontar los nuevos retos que surgen con la mayor movilidad laboral, el trabajo en plataformas digitales, el comercio electrónico, las cadenas globales de suministro o las nuevas condiciones de trabajo.