La pensión de viudedad de las parejas de hecho ya es igual a las del matrimonio

La reforma, impulsada por el Gobierno a partir del acuerdo alcanzado en junio con los sindicatos y las patronales CEOE y Cepyme –y bajo las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo– deroga las principales medidas de la reforma del PP de 2013, recuperando el IPC como referencia a la hora de subir las pensiones y acabando con el factor de sostenibilidad, que preveía recortes en la cuantía de la pensión conforme aumentaba la esperanza de vida.

Dentro de las incorporaciones al texto se encuentra la equiparación en el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho con los matrimonios. Así, el miembro superviviente de la pareja de hecho pueda cobrar la pensión de viudedad extendiéndola a todos los supuestos en los que la persona beneficiaria no tenga reconocida el derecho a otra pensión contributiva. Para ello, ambos deben estar inscritos como pareja de hecho al menos dos años antes del fallecimiento; acreditar que eran convivientes durante al menos cinco años antes del fallecimiento y demostrar que en esos cinco años previos ninguno de los dos estaba casado ni separado de otra persona.

El nuevo texto también contempla incentivos y penalizaciones para retrasar la edad de jubilación efectiva y acercarla a la edad legal, y establece por ley el refuerzo de los ingresos de la Seguridad Social a través de los Presupuestos Generales del Estado.

Otros cambios incorporados en fase de ponencia son el reconocimiento de un complemento a la pensión para jubilados con carreras de cotización de 40 años que no alcancen 900 euros y la incorporación del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que prevé un aumento temporal de las cotizaciones a la Seguridad Social de 0,6 puntos durante diez años, entre 2023 y 2032, para llenar el Fondo de Reserva. Este mecanismo fue aprobado hace una semana con los sindicatos, pero no con la patronal que rechazó el incremento de cotizaciones sociales que conllevará.

Además, PSOE y Unidas Podemos han transaccionado cinco enmiendas con ERC y Bildu, en el marco de la negociación presupuestaria, que establecen la creación de la Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social y la realización de un informe de auditoría del sistema. Otras enmiendas incluyen el compromiso de negociar en el diálogo social mejoras para las pensiones mínimas en base a la evolución del salario mínimo o la mejora de la pensión de los discapacitados.

Por otro lado, el Gobierno se ha comprometido a encargar en el plazo de un mes máximo desde la aprobación de la ley un informe de auditoría de los ingresos en cotizaciones sociales y los gastos de Seguridad Social, de naturaleza contributiva y no contributiva, para cuantificar los gastos asumidos por el sistema entre 1967 y 2019.