Reforma laboral

La patronal presenta una contrarreforma laboral al Gobierno

Muestra sus líneas rojas: flexibilidad laboral, no a subir las cuotas y poder despedir sin sanción

La CEOE se ha cansado de dar vueltas sobre una peonza y salir mareada de cada reunión de la mesa de la reforma laboral. Por ello, ayer llegó a la negociación con su propio documento, en el que detallan cada una de sus posiciones y marcan las líneas rojas por las que no cederán a un firma forzosa. La propuesta deja claro hasta dónde puede llegar la flexibilidad de los empresarios: piden acabar con los desorbitados límites a la temporalidad –exigen no sean «porcentuales ni temporales»– y que se adapte a las necesidades de cada sector y cada periodo estacional.

También mayor flexibilidad del mercado laboral, tanto a la hora de despedir como de contratar. A cambio tienen margen para ceder en la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa y en la ultraactividad. Según fuentes empresariales, el documento presentado ha contado con el asesoramiento de un grupo de abogados laboralistas y juristas. En él, enumeran los puntos que deben prevalecer sobre cualquier documento final que sea rubricado.

Pero, ahora mismo, el principal escollo para avanzar en la negociación sigue siendo la temporalidad. El Ejecutivo ha endurecido su posición y rebajado el margen otorgado a cada empresa, del máximo de temporales del 15% de la plantilla al 8% para empresas de menos de 500 trabajadores y del 4% con más. Los empresarios exigen «margen de actuación y adaptación» según las características de cada sector, que se acabe con la imposibilidad del despido en situación de ERTE y paralizar la sangría de las cotizaciones.

Pero el Gobierno parece no darse por aludido y mantiene su idea de tener aprobada esta norma antes de final de año para que entre en vigor a comienzos de 2022. «Todos los agentes sociales son conscientes de que nos jugamos mucho», reiteró ayer Calviño, para quien «lo deseable» es que se consiga un acuerdo entre las tres partes, aunque ya no descarta que se haga sin contar con la patronal.