El transporte por carretera mantiene la huelga pese a reconocer avances en la negociación

Esta vez tampoco ha habido fumata blanca. La segunda reunión entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), con su responsable Raquel Sánchez a la cabeza; y las patronales del transporte de mercancías por carretera para buscar un acuerdo que evite los paros convocados para los próximos días 20, 21 y 22 de diciembre ha concluido también sin acuerdo, según han informado las asociaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera. Aunque las organizaciones convocantes de las protestas reconocen en un comunicado que se ha producido “un cierto avance respecto del documento anterior, aún queda lejos de los objetivos del CNTC, en cuanto a la mejora de las condiciones laborales de los conductores, así como un pulmón económico inmediato para profesionales y empresas”, según han asegurado.

En particular, las patronales convocantes de los paros han hecho hincapié “en la necesidad de que estas medidas se introduzcan por un procedimiento legislativo de extrema celeridad, en atención a la situación crítica y de urgente necesidad por la que atraviesa el sector”, han explicado las organizaciones, que mantienen por el momento los paros aunque, en esta ocasión, han rebajado en tono y no hablan de convertirlos en indefinidos como ocurrió tras el fracaso de la primera reunión. Ambas partes se han emplazado a celebrar una nueva reunión la próxima semana para tratar de alcanzar un acuerdo que evite las movilizaciones a las puertas de Navidad.

Fuentes del Ministerio de Transportes han explicado tras la reunión que siguen trabajando con otros ministerios implicados en las medidas, dado su carácter estructural, y ha mostrado su “clara voluntad” para acelerar al máximo los acuerdos. El Mitma asegura que ha presentado un “histórico y ambicioso conjunto de medidas” que permiten avanzar hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental del sector y la mejora de sus condiciones de trabajo.

Motivos

Las reivindicaciones de los transportistas que les han llevado a convocar la huelga pasan, en buena medida, por el conflicto existente entre camioneros y cargadores. Pese a que la ley deja claro que los camioneros no tienen que hacer la carga y descarga, sí deja la puerta abierta a que se negocie entre las partes. Según aseguró el Ministerio tras la primera reunión, se trata de un problema “de índole privada” ya que las empresas de transporte “buscan una ventaja competitiva de unas empresas de transportes frente a otras, para conseguir el contrato, por lo que transportistas cierran acuerdos con los cargadores que establecen que el camionero realiza esta carga y descarga, una actividad física que dificulta la entrada de las mujeres al sector”.

El segundo de los problemas está relacionado con el precio de los carburantes, sobre el que ocurre algo parecido. Los transportistas pueden establecer una cláusula de revisión de precios, “pero suelen renunciar a ella para ganar una ventaja competitiva, por lo que acaban ellos asumiendo la gran subida que está experimentando el diésel”, replicó el Mitma. El Gobierno ya está aplicando una política de revisión de precios, “pero solo en los contratos en los que sí puede hacerlo”, es decir, en “licitaciones públicas”, como ya lo está haciendo Adif para “desbloquear la paralización de las obras en vías de tren”, que las constructoras no podían asumir por el elevado precio de las materias primas.

En tercer lugar, las patronales, y en esto también coinciden los sindicatos, reclaman áreas de descanso en las carreteras seguras y vigiladas. Según indicaron desde el Ministerio, esto requiere “de financiación y la conservación de carreteras ya está en déficit, unos ‘números rojos’ que la introducción de peajes en las autovías podría corregir, así como incentivar la introducción de áreas seguras de descanso para los camioneros”. Es este último asunto sobre el cual las empresas ya han empezado a presionar al Gobierno para evitar que los transportistas se vean afectados por estos futuros peajes, el cuarto de los problemas. Sin embargo, el Gobierno cifra en 355 millones de euros el importe que ya les ha ahorrado con el levantamiento de peajes en más de 1.000 kilómetros de autopistas en los últimos tres años.