Guerra sindical en el SEPE y la Inspección de Trabajo contra la “propaganda hueca” de Yolanda Díaz

“Queremos convertir el SEPE en una gran agencia pública con el objetivo de modernizar el organismo, digitalizarlo completamente, ganar en rapidez, agilidad... En fin, ofrecer asesoramiento sobre las políticas de empleo, no solo para los desempleados, sino para la sociedad en su conjunto. Seguimos siendo un ejemplo para el resto de Europa”. Con su habitual tono triunfalista la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, “vendió” la semana pasada su nuevo proyecto, la Agencia Española de Empleo, unido a la aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de la Ley de Empleo, que también tendrá incidencia en la Inspección de Trabajo.

Sin embargo, apenas una semana después, los objetivos marcados por la ministra ya cuentan con las reticencias y el rechazo de sindicatos y organizaciones profesionales, tanto del SEPE como de la Inspección de Trabajo. CSIF, CC OO, UGT y el Sindicato de Inspectores de Trabajo han vuelto a denunciar las “carencias” de estos organismos y la “propaganda hueca” que se hace desde el Gobierno, en general, y por Yolanda Díaz, en particular.

“De poco sirve que desde el nivel político se establezcan planes estratégicos y una significativa intensificación de las tareas de inspección del mercado laboral, que se creen oficinas contra el fraude o contra la desigualdad, que se mencionen una y otra vez las nuevas tecnologías, el big data o la inteligencia artificial, que se hable de una sensible mejora presupuestaria, que se llene el BOE de medidas, reales decretos u otras normas y que se lancen encendidos discursos en defensa de la institución. Lo cierto es que cada día que pasa la relación cargas de trabajo y plantilla del organismo empeora”, advierten en un comunicado conjunto.

Los representantes sindicales denuncian que la ministra vuelve a anteponer los anuncios rimbombantes del Gobierno a los objetivos a alcanzar, pues la Inspección está “naufragando” en lo que a su organización se refiere. “Seis años se llevan esperando desde la publicación de la Ley ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y a fecha de hoy las referencias a oficinas y resto de unidades especializadas no deja de ser una afirmación, en buena medida, vacía de contenido”.

CSIF, CC OO, UGT y el Sindicato de Inspectores de Trabajo recuerdan que el pasado verano el Ministerio se comprometió en un acuerdo firmado a que se daría respuesta a las carencias. Sin embargo, denuncian, “seis meses después se nos pretende explicar que todo se encuentra en fase de estudio”. Para mostrar la situación límite denuncian que ni siquiera la Inspección cuenta con un departamento informático y que el presupuesto del organismo es una “quimera”, fruto de la “improvisación” y de la falta de criterios “razonables”. A los sindicatos ya no les vale que la ministra “alabe el tesón y la entrega de cada efectivo de la Inspección”, y tachan de “irresponsabilidad” que la dirección del Ministerio de Trabajo “se instale en este tipo de mensajes y no sea capaz de defender las soluciones necesarias para esta institución ante aquellos otros ministerios que tienen responsabilidad en las mismas”, critican.

Estas organizaciones advierten que se abre “una fase de conflicto que es imposible evitar ante el absoluto desprecio que se demuestra por parte de este Gobierno hacia la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a pesar de los permanentes mensajes en clave de propaganda hueca que sólo sirven para aumentar la desmotivación existente”, concluyen. Fuentes sindicales concretan en que “no se descarta ninguna acción”, ni siquiera la paralización de los servicios, la huelga “u otras medidas”.

Respecto al SEPE, CSIF ha advertido que su transformación en la Agencia Española del Empleo no resolverá los problemas del organismo, ya que lo que necesita es “un aumento de la inversión en plantilla y en innovación tecnológica”, y ha mostrado su rechazo a este cambio porque se ha vuelto a presentar “sin contar con los representantes de los empleados públicos”, y ha exigido “una reunión urgente” ante la falta de información sobre esa propuesta, recogida dentro del anteproyecto de la Ley de Empleo. En concreto, critican con dureza que se haya presentado intencionadamente el proyecto como una gestión integral del empleo y la formación en todo el territorio nacional, cuando el conjunto de aspectos correspondientes a esta materia son una competencia transferida a las comunidades autónomas, y por tanto “no se tienen competencias”, quedando para el SEPE “solo el impulso y la coordinación de dichas políticas con esas administraciones”.

Desde CSIF, exigen soluciones inmediatas a la gravísima carencia de efectivos del SEPE e implementar recursos tecnológicos que permitan una mayor agilidad para gestionar la actual carga de trabajo que ha generado la crisis económica consecuencia de la pandemia -que cuadruplican las existentes a 30 de junio de 2019- y acabar con “la descapitalización de efectivos en estos últimos años y el alarmante número de jubilaciones que se están produciendo entre la plantilla ante la incertidumbre de la reforma de las pensiones y la alta edad media de la misma”. Recuerdan desde este sindicato que se han perdido 3.500 efectivos estructurales en los últimos diez años, además del cese de otros 1.500 funcionarios interinos incorporados por la pandemia. En definitiva, un total de 5.000 trabajadores han dejado de prestar servicio a la ciudadanía, “una cifra que pretenden compensar con la incorporación a corto plazo de 250 funcionarios interinos, sin experiencia alguna en la gestión de las prestaciones”.