El fracaso del Gobierno con la luz le cuesta a España 40.000 millones

Acerías vizcaínas y metalúrgicas cántabras con cierres intermitentes programados al menos hasta estas Navidades a causa del desorbitado precio de la electricidad. La industria frigorífica al completo, fabricantes de fertilizantes o químicas acuciadas por las facturas de la luz, pero también obradores, peluquerías o tintorerías, cuyos consumos sobrepasan los de una pequeña empresa o un hogar medio, y donde los empleos no están blindados y penden de las oscilaciones crecientes del megavatio, cuyo impacto en los precios deja la mayor subida en 29 años, con el IPC de noviembre en el 5,5% y los sueldos medios depreciándose más de un punto porcentual.

La situación es transversal porque la electricidad la pagan todos los sectores en mayor o menor medida. Si las empresas grandes consumidoras de electricidad estimaban los sobrecostes eléctricos en unos 1.500 millones de euros respecto a los de sus competidores europeos, los bolsillos están cada vez más vacíos con los salarios pactados en convenio subiendo de media un 1,49% hasta noviembre, por debajo de octubre y cada vez más lejos del IPC, el indicador de referencia con mayor impacto en la vida diaria de los ciudadanos. No solo porque refleja las oscilaciones o el estancamiento de los precios de los productos más usuales sino porque incide en la revalorización de las pensiones, en los alquileres, en la actualización de las primas de seguros y otros contratos, en los impuestos y tasas, y como deflactor en la Contabilidad Nacional.

El mayor peso dentro de esta cesta de productos, con datos de noviembre pasado, la tienen los alimentos y las bebidas no alcohólicas con cerca de un 23,6% de ponderación. El siguiente grupo en relevancia lo tiene la vivienda, en el que se incluyen el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles, con un peso cercano al 13,6% y una variación anual del 16,8%. De ese «combo», la evolución del precio de la electricidad, gas y otros combustibles en exclusiva supone un 5,6% del IPC y ha experimentado un crecimiento anual del 40%.

Aunque es complicado cifrar cuánto le cuesta a la economía española una crisis eléctrica que se prolongará prácticamente durante todo 2022, las rebajas concatenadas de las previsiones de crecimiento ofrecen una idea bastante aproximada, ya que en el menor crecimiento impacta de forma muy significativa la inflación, muy presionada por ese alza de la energía y de los combustibles.

Tomando las estimaciones de la OCDE, que rebajó hace unas semanas con contundencia las previsiones de crecimiento para España para 2021 (del 6,8% al 4,5%) y en 2022 (del 6,6% al 5,5%), la tormenta que está frenando la recuperación, en la que la que el coste eléctrico se lleva la palma, le costará a España casi 40.000 millones entre este año y el que viene. La última rebaja del Banco de España, que ya había descontado previamente parte del impacto eléctrico, deja un nuevo recorte cercano a los 25.000 millones.

Un reciente informe de CaixaBank Research subraya con mayor precisión que el «shock» energético tiene un impacto determinante sobre el gasto de los hogares, lo que influye en las perspectivas de consumo y retrae las inversiones. El análisis del «think tank» de la entidad bancaria indica que, si finalmente el precio de la electricidad se comporta de acuerdo a lo que esperan los mercados de futuros, «el gasto de los hogares en el 2022 podría ser un 0,6% inferior al que se hubiera producido si a partir del tercer trimestre 2021 el precio hubiera vuelto a los niveles de 2018». El documento subraya que, aunque el peso del gasto en electricidad es relativamente pequeño para el hogar mediano, alrededor de un 3,5% del presupuesto doméstico, el aumento de los precios de la electricidad es de tal magnitud que «el impacto acaba siendo significativo».

Esta estimación solo tiene en cuenta el impacto directo del aumento del precio de la electricidad sobre el gasto de los hogares y, por lo tanto, «el impacto final sobre el conjunto de la economía sería superior», advierten los investigadores. Con este «shock» de la electricidad sobre el consumo de los hogares, y también sobre la inversión ya que las empresas pueden verse obligadas a posponer sus decisiones de inversión debido al aumento en los costes de producción, y los efectos de segunda ronda que todo ello produciría sobre la actividad (subida de salarios), el impacto en la recuperación es «claramente superior». Concretamente, el crecimiento del PIB sería entre 0,1 y 0,3 puntos porcentuales inferior para 2021 y 2022, respectivamente. Y ello sería resultado tanto de un menor crecimiento del consumo como de la inversión. Por su parte, la inflación escalaría notablemente, 2,1 y 1,1 puntos porcentuales en 2021 y 2022, respectivamente.

El propio Gobierno ha admitido finalmente, tras su enésimo fracaso para tratar de que la UE intervenga de forma indirecta los mercados de la electricidad, que las medidas tomadas por la Comisión Europea son «insuficientes» y que pone en riesgo la recuperación. La Comisión ha aceptado permitir que los países socios realicen compras conjuntas de gas en «situaciones de emergencia» por escasez de este recurso, pero no para hacer frente a episodios de escalada de precios como el actual, como pedía España.

Además del perjuicio para el crecimiento, las empresas y autónomos, el bolsillo de los 11 millones de usuarios del PVPC, el propio Fisco está viendo cómo sus cuentas menguan a consecuencia de las rebajas introducidas en el recibo, insuficientes para mitigar el alza de los precios. En junio, cuando se introdujeron la rebaja del IVA del 21% al 10% a los a los consumidores con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios (hogares y pymes), el Gobierno estimó que beneficiaba a la práctica totalidad de hogares y al 72,5% de los contratos de suministro de electricidad de empresas y negocios (no domésticos). En total, 27,7 millones de hogares, autónomos y empresas. El conjunto de medidas fiscales para abaratar la luz tienen un impacto anual en las cuentas públicas de entre 4.000 y 4.500 millones de euros. La prolongación de las medidas hasta abril supondrá una cuantía similar.

La política energética europea sale cara y la del Gobierno, paladín anti-nuclear, aún más. En concreto, según un informe de Enel, el coste de la descarbonización por europeo sale a 8.000 euros por cabeza (3,6 billones de euros en total) hasta el final de la década. Mientras el gas, el respaldo que se eligió para la transición verde, siga por las nubes, la electricidad nos costará más de la cuenta y el crecimiento y la competitividad de las economías más dependientes de los ciclos combinados.