El gasóleo profesional se mantendrá al menos lo que resta de legislatura

El transporte por carretera se ha asegurado la continuidad del gasóleo profesional en lo que resta de legislatura, dure esta lo que dure. El acuerdo con las veinte medidas y actuaciones alcanzado a última noche de ayer por las patronales del sector y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) para evitar el cierre patronal previsto para la próxima semana recoge como uno de los aspectos pactados el “mantenimiento de la deducción actual del gasóleo profesional sobre la base del tipo mínimo actual de la directiva, durante la presente legislatura”.

El gasóleo profesional es una pequeña bonificación fiscal que se calcula por la diferencia respecto del impuesto de hidrocarburos que se aplica al gasóleo de uso particular, y que actualmente es de 4,9 céntimos por litro. De este gasóleo se benefician los camiones de más de 75 toneladas de carga máxima, autobuses y taxis en los consumos que realicen a través de tarjetas de carburante.

En las últimas semanas, a las denuncias por tener que realizar tareas de carga y descargada o el propio incremento de más de un 30% del precio del gasóleo en el último año, se había sumado el malestar entre los transportistas ante la posibilidad de una posible eliminación no muy lejana de este beneficio fiscal. Una decisión que, junto a la ya tomada por el Gobierno de equiparar la fiscalidad del diésel a la de la gasolina cuando la situación económica lo permita, supondría un incremento medio del precio del gasóleo de 15 céntimos por litro para estos profesionales.

La supresión del gasóleo profesional, sin embargo, parece abocada a llegar antes o después. La Comisión Europea lo ha puesto en el punto de mira. El Ejecutivo comunitario está trabajando en una directiva, conocida como 5th for 55, que prevé subidas al gasóleo y el gas, además de acabar con las exenciones al gasóleo profesional y a los transportes aéreo y marítimo. Fuentes del Ministerio de Hacienda precisaron no obstante a comienzos de mes a LA RAZÓN que los trabajos técnicos sobre la directiva europea donde se propone “están recién iniciados y habrá que esperar a ver cómo acaban esos trabajos técnicos de la Comisión Europea y cómo concluye esa redacción”.

Peajes

Otro de los compromisos que recoge el acuerdo firmado por el transporte por carretera y el Mitma es que se cuente con el consenso del sector para la implantación de los peajes en las vías de gran capacidad. En concreto, el Mitma se ha comprometido a presentar “un estudio de alternativas que analice las distintas opciones viables para establecer un mecanismo de financiación que permita garantizar los fondos necesarios para un adecuado mantenimiento de la Red de Carreteras el Estado. Recogiendo la necesidad del amplio consenso social y político necesario, incluyendo el consenso con el CNTC, y ajustándose a las circunstancias económicas concurrentes”.

En realidad, esta promesa no es nueva. En vísperas del verano de 2020, recién concluido el confinamiento, el sector ya convocó otra huelga que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, logró neutralizar comprometiéndose por escrito, entre otras cuestiones, a “no implantar ninguna euroviñeta a los transportistas profesionales sin el consenso del sector”.

Aunque fue el anterior equipo del Mitma el que adquirió este compromiso, la actual secretaria de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, les aseguró a los transportistas que los compromisos adquiridos entonces seguían en pie porque no eran de carácter personal, sino del departamento. De ahí su sorpresa porque el ministerio esté preparando un sistema sin tener en cuenta su opinión.

La titular del Mitma, Raquel Sánchez, ha asegurado que el compromiso del Gobierno es que el acuerdo con los transportistas de mercancías quede recogido en un decreto ley “como máximo a finales de febrero”. “En el menor tiempo posible, queremos aprobar ese Real Decreto Ley y aplicar cuando antes las medidas”, ha dicho en declaraciones a los periodistas durante el Congreso Extraordinario del PSC en Barcelona. Junto a las medidas sobre el gasóleo profesional y los peajes, el pacto incluye también la prohibición de la participación del conductor en las operaciones de carga y descarga, así como un refuerzo de tareas de inspección, además de iniciativas para contribuir a la modernización y digitalización. Sánchez ha recordado que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia prevé 140 millones de euros para una transformación del transporte para la transición económica que debe llegar a todos los sectores, y que incluye 20 millones para la mejora de áreas de descanso.