Podemos acepta la reforma laboral del PP y todo queda en una enorme mascarada

Dice Podemos, por boca de su nueva lideresa y a su vez ministra de Trabajo, que ha derogado la reforma laboral del PP. Por fin, el mercado laboral español se habría librado de esa lacra «rajoyana» aprobada en 2012 y padecida por los españoles durante casi una década. La abrogación se habría consumado, además, de común acuerdo entre sindicatos y patronales: todos, pues, habrían aceptado enterrar una legislación tan horrorosa como ésa.

Pero no tan rápido: si uno examina de cerca el contenido de la contrarreforma laboral promovida por el Gobierno y aceptada por los agentes sociales, comprobará rápidamente que los acuerdos alcanzados no afectan al núcleo de la reforma laboral de 2012. Y es que podemos decir que los pilares de la reforma laboral de 2012 fueron dos.

Primero, reducir los costes generales de despedir para así incentivar la contratación: con tal finalidad se abarató el despido improcedente, se simplificó la causalidad para acogerse al despido por causas objetivas y se dejó de exigir autorización administrativa para impulsar un ERE. De este primer pilar de la reforma laboral de 2012 no se ha modificado absolutamente nada: todo sigue en pie tal como estaba en un comienzo.

Segundo, un incremento de la flexibilidad interna de las empresas para que pudieran capear las crisis sin recurrir al despido masivo: con tal fin se otorgó prioridad al convenio de empresa sobre el sectorial, se autorizó el descuelgue de convenio, se puso fin a la ultraactividad de los convenios y se permitió que en momentos de crisis los empresarios modifiquen aspectos esenciales de la relación laboral con sus trabajadores (tales como salarios, jornadas, funciones, etc.). Pues bien, de este segundo bloque de reformas, únicamente se ha revertido la ultraactividad de los convenios y, de manera muy parcial, la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial (el sectorial volverá a tener prioridad sobre el de empresa pero únicamente para las tablas salariales). Todo lo demás sigue en pie tal cual estaba.

En suma, la mayor parte de los apartados de la reforma laboral de 2012 no se han visto alterados en ningún sentido por la contrarreforma promovida por PSOE y Podemos. Por consiguiente, deberíamos alegrarnos de que todo haya quedado en una enorme mascarada para justificar ante sus votantes que no han hecho aquello que les prometieron durante años que iban a hacer. Es verdad que esta reforma es una oportunidad perdida: que, en lugar de haber aprovechado para solventar algunos de los problemas estructurales del mercado laboral que todavía se mantienen en pie, apenas nos hemos quedado en el mismo lugar en el que estábamos. Incluso es comprensible el enfado de ciertos miembros de la patronal con Garamendi, por cuanto las empresas han perdido algo de flexibilidad (por ejemplo, en el restablecimiento de la ultraactividad de los convenios) sin haber ganado contrapartida alguna.

Pero conviene que contemplemos el proceso en su conjunto: durante años, PSOE y Podemos han estado amenazando con derogar íntegramente la reforma laboral de 2012 (e incluso la reforma laboral del PSOE de 2010). De haber cumplido con su palabra, nos habríamos enfrentado a una enorme regresión en materia laboral que habría perjudicado enormemente la competitividad de la economía española. Al final, sin embargo, nos hemos quedado casi como estábamos, al tiempo que PSOE y Podemos proclaman ante sus bases que han cumplido con sus objetivos. Pues que así sea: los elementos esenciales de la reforma laboral de 2012 ya forman parte del consenso político nacional.

Ómicron e inflación

Junto a la inflación, una de las principales amenazas a las que nos enfrentamos es un recrudecimiento de la pandemia que lleve a una suspensión de la actividad económica. Y aunque en principio las dos amenazas deberían cancelarse entre sí –si la economía se frena, las tensiones inflacionistas cesarán–, en realidad podrían terminar realimentándose en el medio plazo. A la postre, una suspensión generalizada de la actividad económica por culpa de ómicron podría, por un lado, incentivar a los estados a que incrementen sus políticas de estímulo monetario y, por otro, podría conducir a la aparición de nuevos cuellos de botella en el comercio global. En cualquiera de ambos casos, la variante ómicron podría empujar a una mayor inflación futura.

Electricidad en máximos

Junto a la inflación, una de las principales amenazas a las que nos enfrentamos es un recrudecimiento de la pandemia que lleve a una suspensión de la actividad económica. Y aunque en principio las dos amenazas deberían cancelarse entre sí –si la economía se frena, las tensiones inflacionistas cesarán–, en realidad podrían terminar realimentándose en el medio plazo. A la postre, una suspensión generalizada de la actividad económica por culpa de ómicron podría, por un lado, incentivar a los estados a que incrementen sus políticas de estímulo monetario y, por otro, podría conducir a la aparición de nuevos cuellos de botella en el comercio global. En cualquiera de ambos casos, la variante ómicron podría empujar a una mayor inflación futura.

Estatalizar las pensiones

El nuevo presidente de Chile, el líder de extrema izquierda Gabriel Boric, pretende estatalizar el sistema de pensiones privadas del país. Argumenta que éste no ha sido capaz de proporcionar ingresos dignos a sus ciudadanos y que, por ello, hay que avanzar hacia un sistema público basado en el reparto intergeneracional. Sin embargo, sería erróneo pensar que el sistema de pensiones chileno ha sido un fracaso: con un cotizaciónw de apenas el 10% (en España, el 28,3%) ha conseguido una tasa de sustitución del 30% (los pensionistas cobran el equivalente al 30% de los ingresos salariales que percibieron durante su vida laboral). Con una mayor tasa de ahorro (como la impuesta por la Seguridad Social), habrían logrado una tasa de sustitución que bien podría haber superado la española.