La Ley Concursal “deja desprotegidos a los acreedores” y “niega una segunda oportunidad”, según los economistas

El Consejo General de Economistas (CGE) ha considerado este viernes que el proyecto de Ley de reforma Concursal “desoye” a los expertos, deja “desprotegidos” a los acreedores y está “negando una auténtica segunda oportunidad a empresarios y particulares”. Los economistas han denunciado a través de un comunicado que el texto no recoge prácticamente ninguna de las aportaciones realizadas por los expertos durante la fase de audiencia pública previa a la aprobación del texto por el Consejo de Ministros.

Por ello, el Consejo General de Economistas solicitará reuniones con todos los grupos parlamentarios para intentar mejorar el sistema de reestructuraciones e insolvencias del país durante la tramitación parlamentaria de la reforma concursal, tras su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG), en el día de hoy.

Para el presidente de los economistas, Valentín Pich, “algunos aspectos del proyecto de ley siguen una transposición de mínimos, en especial en la dificultad de pequeños emprendedores y personas físicas para acceder a una verdadera segunda oportunidad. Si bien, en líneas generales, ha afirmado que la percepción sobre el nuevo marco “es positiva”.

Entre las principales críticas realizadas por los economistas al proyecto de ley se encuentran la “total falta de control” sobre el procedimiento para microempresas, la imposibilidad de acceso de las personas naturales, autónomos y empresarios a una verdadera segunda oportunidad, la indefinición de la nueva figura del experto en reestructuración o la inexistencia de disposiciones transitorias de cara a poder testar, antes de su aplicación en 2023, los procedimientos de microempresas.

El mecanismo especial para microempresas que plantea el proyecto es “eficiente y ahorra costes”, aunque “la total ausencia de profesionales de la administración concursal supondrá, en la práctica, una total falta de control sobre el procedimiento que podría desembocar en manipulaciones interesadas por parte de ciertos deudores, trasladando la tutela del coste del control de los mismos a los acreedores”.

En cuanto al crédito público, los economistas estiman que el nuevo texto parece reforzar su posición de privilegio en las distintas variables preconcursales y concursales. Con respecto a la exención en segunda oportunidad de 1.000 euros para las deudas con Hacienda Pública y Seguridad Social, respectivamente, los economistas calificaron la cifra de “meramente testimonial, claramente insuficiente y muy limitada”.

La figura del experto en reestructuración que ha introducido la reforma está “indefinida”, a juicio de los economistas, que consideraron que es una figura esencial en la gestión prematura de las insolvencias y que se debería enfocar hacia los profesionales economistas, titulares mercantiles o auditores. Reclamaron que se definan las condiciones para ser experto en reestructuraciones, dado que el proyecto de ley lo retrasa a un futuro reglamento.

Del mismo modo, lamentaron que “el Gobierno parece haber renunciado a crear un mecanismo de alertas tempranas eficiente y fiable, y se ha limitado a cumplir, de manera estrictamente formal, el trámite de transposición de la Directiva Europea”, y eso “no aportará utilidad alguna para la detección precoz de las situaciones de insolvencia empresarial”.

Para Pich, conseguir una buena implementación será clave para hacer que la legislación de reestructuraciones e insolvencias española sea verdaderamente competitiva y puntera, y pueda dar estabilidad a la parte menos atractiva del mercado de capital, garantizando un marco jurídico definido para que los inversores continúen participando en el relanzamiento de la economía del país.

Propuestas de los economistas

A la espera de un examen más exhaustivo de la norma, los expertos decido realizar unas primeras propuestas, que serán trasladadas a los diferentes grupos parlamentarios en los próximos días. Entre ellas, los economistas ven “necesario” recuperar la posibilidad real de acceso de las personas naturales a la segunda oportunidad.

Además, creen que sería conveniente que se testara y probara el conjunto de nuevos formularios concursales electrónicos previstos para el procedimiento especial para microempresas -que está pensado para el 90% de los posibles deudores insolventes- que todavía no se conocen. Así se evitarían, según los economistas, ineficiencias en su puesta en marcha que pueden colapsar su funcionamiento en un ámbito como es la Justicia todavía no suficientemente digitalizado.

De su lado, consideran que sería necesario incorporar medidas de garantía para los procedimientos de pre-pack que permitan a los acreedores y resto de interesados asegurar la corrección y supervisión del procedimiento de venta, así como conocer los valores reales de mercado de las empresas o unidades productivas que se van a transmitir. Para ello, resultaría imprescindible la designación de un experto en reestructuración en dichos procedimientos y la elaboración por este de un informe de valoración, tal y como ya se exige en otros supuestos como la homologación de planes de reestructuración.