Así quedarán las pensiones 2022 con la actualización del martes: la mínima llega a 720 euros

La pensión media de jubilación será este año de 1.182 euros al mes. Se destinará una partida de 6.500 millones de euros a la subida, de entre un 2,5% y un 3%

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en un acto del PSOE en Gijón que el próximo martes se actualizarán las pensiones para el año 2022. «Anuncio que el próximo martes en el Consejo de Ministros vamos a actualizar las pensiones de nuestros mayores para el año 2022», manifestó Sánchez durante su intervención. Concretamente, el Gobierno destinará una partida de 6.500 millones de euros para la «dignificación» de las pensiones de los mayores. Los 8,9 millones de perceptores de pensiones contributivas, que cobran casi 10 millones de pensiones, verán incrementada su paga este año un 2,5%. No obstante, en el caso de las mínimas y de las pensiones no contributivas, así como de los perceptores del ingreso mínimo vital (IMV), el incremento será del 3%.

Con la revalorización que aprobará el Consejo de Ministros el martes, la pensión mínima de jubilación será de 10.103 euros al año en el caso unifamiliar y de 12.467, con cónyuge a cargo, mientras que la máxima se situará en los 39.468 euros anuales. Con esta actualización, Sánchez ha explicado que una pensión mínima, que en el año 2017 cobraría 646 euros, pasará a cobrar 720 euros. Es decir, 74 euros más al mes. En cuanto a las pensiones medias de viudedad, que en el año 2017 representaban 649 euros al mes. Este año va a cobrar 711 euros. «Es decir, 53 euros más al mes», continuó. Finalmente, una pensión media de jubilación que en 2017 pudiera representar 1.071 euros será este año de 1.182 euros. «Es decir, 97 euros más al mes», apostilló el presidente, según informa Europa Press.

Esta semana, la agencia S&P Global Ratings señalaba que la reciente reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno «no es suficiente ni estructural». Criticaba además que, al eliminar el factor estructural de sostenibilidad establecido en 2013, se trata más bien de una «reforma paramétrica que retrasa las reformas estructurales necesarias» para abordar un desafío irreversible como es el impacto del envejecimiento de la población en las cuentas públicas. En su opinión, es un reflejo de la situación política desde hace años en España, donde parece que «falta fuerza política para enfrentarse a los problemas de manera estructural y con anticipación».