Los administradores denuncian en la Justicia europea la ley concursal por obligarles “a trabajar gratis”

Cargan contra la nueva normativa porque penaliza a los profesionales y pone sobre sus hombros todas las responsabilidades. Han interpuesto un recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo

Nuevo frente contra el afán regulatorio del Gobierno. La Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) ha interpuesto un recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ante las sucesión de sentencias que les obligan a devolver la remuneración recibida por concursos que han superado la duración fijada, lo que, a su juicio, va a suponer que muchos profesionales hayan trabajado de forma gratuita. Un situación que se ha agravado con las medidas que plantea el nuevo Proyecto de Ley Concursal, contra el que ha pedido “auxilio” en esta instancia judicial.

El punto clave de esta reforma que ha desatado la actual situación de desamparo de los administradores es el establecimiento de los límites temporales para que estos profesionales perciban sus honorarios en procedimientos de insolvencia, que está provocando imponiendo “un severo castigo” a los administradores concursales, culpabilizándoles de que estos procesos se dilaten en el tiempo e impidiendo el cobro de los honorarios por su trabajo. “La misión del administrador concursal es facilitar la gestión del concurso y mejorar su eficiencia. No se puede penalizar a los profesionales por la duración del concurso, puesto que bien al contrario, gracias a su experiencia y especialización en el área, se evita llegar a tiempos mayores”, ha aclarado el presidente de Aspac, Diego Comendador

La entidad señala en un comunicado que el articulado que aprobó el Consejo de Ministros el pasado diciembre viene a “empeorar” la falta de unos “honorarios justos” y un cobro en tiempo adecuado para los administradores concursales en este país. A su juicio, la norma establece límites temporales para que los administradores concursales perciban sus honorarios en procedimientos de insolvencia, lo que para el presidente de Aspac, Diego Comendador, provoca que “la supuesta intención de acelerar los procesos supone que están culpando al administrador concursal de su duración e imponiendo esta medida a modo de castigo”.

Desde la asociación insisten en que la misión del administrador concursal es facilitar la gestión del concurso y mejorar su eficiencia. Por tanto, defienden que “no se puede penalizar a los profesionales por la duración del concurso, puesto que, al contrario, gracias a su experiencia y especialización en el área, se evita llegar a tiempos mayores”. También puntualizan que “mientras intentan reducir tiempos pidiéndonos que trabajemos gratis, están cargando a los juzgados con trabajos que podría resolver la administración concursal para agilizar trámites que son los que verdaderamente prolongan innecesariamente los procesos.”

Según las estadísticas oficiales, la duración media del concurso de acreedores es de unos cuatro años y medio. Sin embargo, según defiende Aspac, cada caso específico tiene una serie de características que “ampliarán o reducirán su duración. En los concursos de acreedores entran en juego los intereses de distintas partes, lo que puede producir situaciones de conflicto que prolonguen el proceso”. Comendador subraya que “el peligro de establecer esta penalización al administrador es que puede repercutir en la calidad del trabajo, llevando a procesos de liquidación acelerados que no cumplirían con su papel de optimizar el valor de los activos”. También recuerda al Gobierno que “los administradores concursales no somos, en absoluto, los responsables de la larga duración de los procedimientos”.

Según denuncia esta asociación, el nuevo texto indica que cuando la fase común sobrepase los seis meses, estos profesionales dejarían de percibir un 50% de sus honorarios. En la liquidación, esta reducción también correspondería a un mínimo de un 50%. Además, el proyecto establece que los honorarios fijados inicialmente se limitarían si el proceso se alarga más de la mitad del plazo legal o se prolonga en más de 12 meses desde que se declara el concurso. “Es peligrosa esta penalización, ya que puede repercutir en la calidad del trabajo, llevando a procesos de liquidación acelerados que no cumplirían con su papel de optimizar el valor de los activos”.

Comendador ha insistido en que “no podemos trabajar gratis, somos profesionales y nuestra misión es que los procedimientos concursales se lleven a cabo con seguridad jurídica y de forma justa para todos los implicados. Las medidas de castigo impuestas en la nueva Ley Concursal son un desprecio hacia el trabajo de la Administración Concursal, que siempre ha estado al servicio de la economía del país”. Desde Aspac han querido dejar claro que “nosotros no somos el problema, somos la solución. Una especialización y regulación de la profesión son los factores que permitirán mejorar realmente el sistema”.