Montero pone en pie de guerra a los altos funcionarios con el nuevo sistema de promoción interna

Los altos funcionarios de la administración central están más que revueltos con el nuevo proceso de promoción aprobado por la Secretaría de Estado de Función Pública adscrita al Ministerio de Hacienda y Función Pública. El Departamento que dirige María Jesús Montero acaba de instaurar un nuevo sistema para convertir personal laboral fijo en personal funcionario que ha levantado ampollas entre los integrantes del subgrupo A1, el de más nivel y que da acceso a cargos tan relevantes como los de subdirector general, director general y subsecretario. Consideran los funcionarios integrantes del subgrupo A1 que el nuevo método se ha creado “ad hoc” y rebaja de forma alarmante los requisitos para acceder al mismo, con lo que, a su entender, se conculcan los principios de “igualdad, mérito y capacidad”.

El origen de la polémica está en el acuerdo para el cambio de régimen jurídico del personal laboral fijo incluido en el anexo II del IV Convenio único para el personal laboral de la administración general del Estado suscrito por Función Pública y los sindicatos. En dicho documento, se recoge que, conforme al convenio y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, resulta necesaria la adaptación de la condición de personal laboral a funcionario. Desde la Asociación Profesional de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos del Estado, que representa a los funcionarios que integran esta escala interdepartamental en el subgrupo A1, explican que la posibilidad de promocionar hasta su grupo a personal laboral es posible desde el año 2007 y que, en ese sentido, no tienen ningún problema en que estos trabajadores puedan acceder a la condición de funcionario.

En lo que este colectivo sí ve problemas es en el nuevo método que ha acordado Hacienda con los grandes sindicatos para hacer la promoción. Hasta hora, explican, el personal laboral fijo del grupo 1 podía participar en dichas convocatorias de promoción en las mismas condiciones y con los mismos ejercicios y dificultad que los funcionarios de promoción interna del subgrupo A2. Ahora, sin embargo, se ha diseñado a su entender un sistema de “funcionarización”, mediante nuevos procesos selectivos “ad hoc” que suponen una “flagrante vulneración de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”.

Objeciones

En lo que se refiere al principio de igualdad, entienden que se vulnera porque mientras que a un funcionario del subgrupo A2 se le exige pasar cuatro pruebas, con un programa de 83 temas para acceder al A1 -más la oposición previa que han tenido que superar para ingresar en su subgrupo de origen-, al personal laboral le bastará realizar un solo ejercicio tipo test con un programa de 16 temas. Esto, aseguran, “da facilidades inusitadas al personal laboral para que tenga la posibilidad de acceder a dicha funcionarización, siendo una medida que trata de forma totalmente desigual dicho acceso entre el personal laboral del grupo 1 y el funcionario del subgrupo A2″.

El modelo también supone a su entender una merma injustificada, de dudosa constitucionalidad, de los principios de mérito y capacidad en tanto que “es imposible acreditar nivel suficiente para el desempeño de las altas responsabilidades que tienen que ejercer los funcionarios del subgrupo A1, con el estudio de sólo 16 temas y una prueba tipo test de 80 preguntas, con tres alternativas, sin que las contestaciones erróneas penalicen”.

Desde esta asociación, así como desde la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca), entienden que este sistema, que afectan también a la escala de gestión de organismos autónomos (subgrupo A2), a la escala administrativa de organismos autónomos (subgrupo C1), y a la escala auxiliar de organismos autónomos (subgrupo C2); no sólo amenaza los principios de mérito y capacidad sino que va también en contra de la propia función pública. En su opinión, los que progresen con este método de “funcionarización” van a estar menos preparados y algunos van a ocupar cargos de gran responsabilidad, advierten. En el caso de los A1, se trata, añaden, de un problema que se va a extender a todos los ministerios, donde va a haber “un nivel bajo de cualificación”, lo que podría tener consecuencias nefastas en un momento en el que desde la Administración central se deben afrontar enormes retos como la gestión de la pandemia y los 70.000 de euros que están llegando desde la Unión Europea en forma de ayuda.

Desde la Asociación Profesional de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos remitieron el pasado 7 de enero una carta a Lidia Sánchez Milán, Secretaria de Estado de Función Pública, solicitándole una reunión para abordar el asunto sin que, según aseguran, hayan recibido hasta ahora respuesta alguna. Tanto esta asociación profesional como Fedeca están molestos no sólo con los cambios introducidos en el sistema de promoción sino también porque no se les haya hecho ninguna consulta siendo unos de los principales afectados.