Hacienda vuelve a utilizar los bots y las cartas de preaviso a pymes y autónomos para buscar fraudes

Bots, big data y algoritmos. Hacienda vuelve a la carga con el envío masivo de cartas de aviso a los contribuyentes que sean detectados a través de los «robots» de la Agencia Tributaria (AEAT) con parámetros sospechosos con un riesgo potencial de incumplimiento de sus obligaciones fiscales.

Pese a que el Tribunal Supremo declaró ilegales los registros sin aviso y criticó esta prácticamente amenazante porque no respeta la presunción de inocencia, la AEAT ha vuelto a activar este procedimiento tras activar el Plan de Control de 2022, publicado en el BOE, que coloca en la diana a pymes y autónomos amparada en la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal.

Gracias a sus herramientas de big data y los algoritmos, los bots autodeterminan si un contribuyente presenta datos de facturación que no concuerdan con anteriores años fiscales o hay cambios evidentes en uso de tarjetas de crédito, lo que conlleva a la apertura de un expediente informativo en el que se presume que puede haber fraude.

Para vestir de amparo jurídico esta nueva campaña, el organismo defiende que es una estrategia amparada en las técnicas de la OCDE de análisis del comportamiento del contribuyente, con el objeto de facilitar su cumplimiento voluntario. No contento con este sistema ya operativo este año, la Agencia creará un grupo de trabajo encargado de definir las prácticas internas que ya incorporan estas técnicas, cómo mejorarlas e identificar nuevas áreas y procesos donde poder aplicarlas. Tendrá especial atención el control tributario internacional y, especialmente, la «estrategia 360º» en materia de precios de transferencia.

En este sentido, la inspección velará por la correcta aplicación de estas normas en relación con la aplicación de las exenciones en pagos de dividendos, intereses y cánones a no residentes. También en relación con la lucha contra los territorios y regímenes favorecedores de conductas evasivas y elusivas, las actuaciones inspectoras “velarán por la correcta aplicación de las normas ‘antiparaíso’ existentes en la normativa”, pero a ello se añade a partir de ahora la información recibida en el año 2021 “sobre el cumplimiento del requisito de actividad sustancial previsto en el desarrollo del proyecto BEPS”, advierte Hacienda.

En concreto, se trata de un nuevo intercambio impulsado por el Foro de prácticas fiscales perjudiciales de la OCDE mediante el cual territorios con un Impuesto de Sociedades inexistente, o con un tipo cero o muy bajo, ofrecen a los países de residencia de las matrices o de los beneficiarios efectivos finales información sobre entidades radicadas en esos territorios que realizan actividades fácilmente deslocalizables.

También se ultimará la segunda fase de la herramienta creada para la detección automatizada de titulares reales de sociedades opacas tenedoras de inmuebles residenciales de alto nivel. Si en una primera fase los trabajos se dirigieron hacia sociedades extranjeras, ahora se completará con sociedades igualmente opacas, pero radicadas en España. Por otra parte, se implementarán las herramientas necesarias para la explotación masiva de la nueva información procedente del Consejo General del Notariado.