Bruselas ignora a España y clasifica el gas y la nuclear como verdes

La Comisión Europea ha presentado su propuesta definitiva para que la energía nuclear y el gas puedan ser consideradas inversiones sostenibles y llevar la etiqueta verde. Esto no obliga a los Estados miembros a cambiar su denominado mix energético, pero anima a los inversores privados a canalizar recursos en estas dos fuentes de energía. Bruselas asegura que con esta clasificación no pretende equiparar el gas y la energía nuclear con las renovables, sino allanar el camino para que estas fuentes puedan desempeñar un papel transitorio en la lucha contra el cambio climático para que en el año 2050 el club comunitario emita 0 gases con efecto invernadero. Las asociaciones ecologistas, sin embargo, creen que Bruselas está enviando un mensaje equivocado y poniendo piedras en el camino a la transición energética basada en las renovables.

Esta decisión polémica viene también precedida también por una agria disputa entre los Estados miembros, divididos entre partidarios y detractores de la energía nuclear y el gas. Mientras algunos países como Francia han hecho de la energía nuclear casi un símbolo nacional , la nueva coalición de gobierno el Alemania mantiene el objetivo de cerrar este año los tres reactores nucleares que quedan en el país y consumar el apagón nuclear decretado por la anterior canciller Angela Merkel tras el accidente de Fukushima.

España se ha situado en en bando de los antinucleares y el pasado mes de enero envió una carta conjunta con Dinamarca, Austria y Luxemburgo en la que aseguraban que “ni el gas ni la nuclear cumplen los criterios científicos y legales para ser consideradas sostenibles, de modo que la propuesta emite una señal incorrecta para la inversión y contrario a la consecución de los objetivos europeos de descarbonización”. Austria y Luxemburgo están incluso dispuestos a denunciar a la Comisión Europea ante los tribunales europeos, ya que consideran que se está extralimitando en sus funciones.

El pasado 31 de diciembre de 2021, el Ejecutivo comunitario envió un borrador a los Estados miembros que desde ese día han planteado diferentes alegaciones . Tras la presentación de este acto delegado -la forma legal que desarrolla esta propuesta-, los países europeos tendrán cuatro meses para analizar el texto y otros dos suplementarios si así lo requieren. Tanto los Veintisiete como el Parlamento Europeo pueden vetar esta iniciativa, pero en el primer caso necesitan una mayoría cualificada inversa (20 Estados que supongan el 65% de la población ) y en el segundo una mayoría de 353 eurodiputados.