Transportes, abierto a imponer sanciones a los propietarios que incumplan la Ley de Vivienda

Raquel Sánchez asegura que estudiarán la petición realizada por el Sindicato catalán de Inquilinos

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez FOTO: IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS IÑAKI BERASALUCE-EUROPA PRESS

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) no descarta introducir en la Ley de Vivienda sanciones para todos aquellos propietarios que no respeten la normativa. Así lo ha anunciado hoy la titular de esta cartera, Raquel Sánchez. En una entrevista en Ràdio 4 y La 2, Sánchez ha explicado que esa fue una de las peticiones que le trasladó el Sindicato catalán de Inquilinos, con el que se reunió el pasado día 11 y cuyas reivindicaciones le parecieron “razonables” y que estudiará.

En aras de mejorar la ley que ahora se está tramitando en el Congreso de los Diputados, los sindicatos de inquilinos entregaron a Sánchez un documento que recoge diez propuestas para que, a su entender, la regulación de los alquileres tenga “efectos significativos” y para garantizar un alquiler “justo, estable y asequible”. El sindicato ha pedido al ministerio que la bajada de los alquileres se aplique a todos los arrendadores, no solo a las empresas propietarias de diez viviendas o más; que se incluya un régimen sancionador y que sea suficiente para declarar una zona tensionada con que el crecimiento del precio de la vivienda sea de dos puntos (no cinco, como estipula la ley) por encima de la inflación o bien con que la carga media destinada a la vivienda (con gastos y suministros básicos) supere el 30% de los ingresos.

El Sindicato de Inquilinos también ha pedido que el texto garantice la vigencia de los regímenes de contención de rentas ya existentes y en funcionamiento, como el de Cataluña; y que la regulación de precios del alquiler sea de aplicación inmediata cuando se apruebe la ley. A este respecto, la norma recoge una “vacatio legis” de hasta 18 meses desde su aprobación para que el Mitma elabore el índice de precios de referencia que se precisa para regular las rentas en las zonas tensionadas. No obstante, la propia ministra declaró tras aprobarse la Ley que, si era posible, tratarían de acortar ese plazo para que la norma entre en vigor en esta legislatura y no en 2024, cuando parece que lo haría según los plazos que se manejan en el ministerio.

Otras peticiones

Otras de las propuestas que el sindicato trasladó a Sánchez, y que Unidas Podemos defenderá en forma de enmiendas en la tramitación parlamentaria, es que los arrendadores paguen los gastos de las agencias inmobiliarias, que los contratos sean renovables automáticamente, si no hay incumplimiento de las condiciones o necesidad propia del arrendador; y que los alquileres se actualicen según el IGC, lo que limitaría las subidas a un máximo de 2%.

El documento de enmiendas pide asimismo que la ley reconozca el papel de representación, intermediación y asesoramiento de las organizaciones inquilinas y que se limite el alquiler turístico en los entornos urbanos residenciales. En materia fiscal, reclama que las desgravaciones para arrendadores se apliquen solo cuando la renta sea al menos un 15% inferior a la del índice de precios o cuando se trate de una vivienda de alquiler social y que se eliminen los beneficios de las socimi (sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria).

Durante su entrevista, la responsable de Vivienda ha reiterado que el Gobierno buscará “los máximos consensos posibles” en el debate parlamentario en torno a una ley que el Ejecutivo insiste en que es buena y respetuosa con las competencias autonómicas, pese al informe del CGPJ, que, ha insistido, se ha ido más allá de lo que el Poder Judicial tenía que pronunciarse.

Sánchez ha descartado que el Gobierno pueda retirar su recurso a la ley catalana de alquiler a cambio de respaldo nacionalista a la ley estatal. A su juicio, son dos temas diferentes y en el caso de la norma catalana sí había una manifiesta “vulneración” de las competencias del Estado.