Bruselas exigirá a España ajustes fiscales y recorte en el gasto público en 2023 por el exceso de deuda

La Comisión Europea ha decidido dar un paréntesis en la desactivación de la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento prevista para 2023, que dejaba sin efecto las reglas que limitaban el déficit y la deuda públicos de los Estados miembros por la pandemia, aunque se decidirá oficialmente en mayo. Bruselas estima que los niveles de deuda no quedarán estabilizados al menos en los próximos diez años. Por eso, para que este proceso no supere ese periodo límite, se exigirá a los países con altos niveles de deuda -entre ellos España- una importante reducción de sus números rojos con el objetivo de proteger el crecimiento y la inversión.

Dentro de esta estrategia, Bruselas establecerá dos velocidades. Para los países con niveles de deuda baja o media solo se les exigirá “fortalecer sus niveles de inversión para las transiciones verde y digital”. A estas administraciones sí se les permitirá seguir ampliando la inversión pública, tendrán margen para retrasar la consolidación fiscal -condicionado a la implementación de los Fondos de Recuperación-, y tendrán luz verde a nuevas inversiones y reformas que promuevan el crecimiento sostenible.

Por contra, para los Estados miembros con niveles de deuda elevada -principalmente los países del arco mediterráneo, entre ellos España- habrá una exigencia mucho mayor de fechas y objetivos cumplidos, ya que deberán asumir reducción gradual ya desde 2023, sea con ajustes fiscales o con las contribuciones del Fondo de Recuperación, Además, desde Bruselas se exigirán medidas plausibles para iniciar un recorte progresivo del gasto público. El objetivo sería reducir anualmente un veinteavo de la deuda por encima del umbral del 60%.

Sin embargo, la Comisión Europea no apretará las tuercas si la situación geopolítica derivada del conflicto en Ucrania de alarga en el tiempo y pone freno a la recuperación económica, aunque no permitirá aumentar las cifras de déficit y deuda a países como España. El responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis, explicó que las estrategias fiscales “se adaptarán a la coyuntura de cada Estado miembro, por lo que los países con un endeudamiento más elevado deberán empezar a ejecutar ajustes en 2023, limitando el gasto y promoviendo la inversión”.

De momento, todo seguirá igual hasta mayo, cuando se decida oficialmente si la Cláusula de Escape se activa o no en 2023, dadas las incertidumbre de la situación geopolítica, aunque fuentes comunitarias apuntan a que se desactivarán. “Estamos en una situación de incertidumbre alta y por el momento no consideramos la aplicación de la regla en las circunstancias actuales”, señaló Dombrovskis. Si bien es pronto para anticipar el impacto que tendrá la invasión rusa de Ucrania sobre la UE, que ha sancionado económicamente a Moscú, “el ataque probablemente impactará el crecimiento negativamente”, avanzó el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. Entre los factores de riesgo citó el impacto sobre los mercados financieros, cuellos de botella en las cadenas de suministro “más persistentes”, la presión sobre los precios de la energía y el impacto sobre la confianza de los consumidores.

El Ejecutivo comunitario ha explicado que presentará su revisión de las previsiones macroeconómicas para 2022 en los próximos meses y ha expuesto su guía fiscal preliminar para 2023 considerando los últimos acontecimientos en Ucrania. “Dada la incertidumbre excepcional, la Comisión no propondrá abrir nuevos procedimientos de déficit excesivo esta primavera. Vamos a revisarlo de nuevo en el otoño”, detalló Gentiloni.

La guía de actuación publicada ayer por el Ejecutivo comunitario apuesta por seguir coordinando estrechamente las políticas fiscales de los Veintisiete en 2023 y a garantizar la sostenibilidad de la deuda a través de un ajuste fiscal “gradual”, combinado con inversiones y reformas que promuevan el crecimiento sostenible. Las estrategias fiscales “deberían tener en cuenta el apoyo que recibirán los Estados del fondo de recuperación pospandemia” de 800.000 millones de euros y ser diferenciadas en función de la situación de cada país.