Los expertos proponen subir el IVA e imponer un mínimo en sucesiones y patrimonio

Subir el IVA, imponer un mínimo para los impuestos de sucesiones y patrimonio e incrementar la fiscalidad de los hidrocarburos. Esas son tres de las grandes propuestas que ha hecho al Gobierno el comité de expertos para la reforma fiscal, que hoy ha entregado a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el Libro Blanco con sus recomendaciones para modificar el sistema tributario español. El documento de 800 páginas no pretende ser una reforma fiscal en sí misma sino “analizar los elementos que puedan ayudar a llevarla a cabo”, como ha explicado durante su presentación Jesús Ruiz-Huerta, que ha presidido este comité de expertos. Ruiz-Huerta ha explicado que, tras hacer un análisis del sistema fiscal español, su diagnóstico es que hay intensas demandas y necesidades de financiación para los servicios públicos, cubrir el déficit o afrontar otros retos como el envejecimiento o el cambio tecnológico. Y para afrontar este desafío, los expertos creen que es imprescindible “ampliar las bases tributarias”. Y una de las palancas para incrementar la recaudación es el IVA.

Ruiz-Huerta ha explicado que España recauda menos en este impuesto que la media de la UE (su tipo implícito solo es superior al de Rumanía e Italia, según ha destacado) y, por tanto, plantea reducir los beneficios fiscales en este tributo, que son “muy elevados”. Además, ha considerado que sería conveniente, cuando la situación lo permita, la “revisión y reducción” de los tipos reducidos y superreducidos -lo que, en la práctica, supondría incrementar el impuesto- y avanzar hacia un tipo único más bajo. A pesar de que los expertos no formulan una propuesta concreta, indican que si se mantuviera el tipo general del 21%, la eliminación de los tipos reducidos incrementaría la recaudación del IVA en 27.100 millones de euros. En cambio, apunta que si se optara por mantener constante la recaudación, el tipo general podría reducirse hasta, aproximadamente, el 15%.

En la medida en que estas decisiones sobre los tipos más bajos pueden afectar a artículos de primera necesidad, los expertos plantean establecer compensaciones para las rentas más bajas. En este sentido, y en lo que respecta al otro gran impuesto, el IRPF, los expertos, para abundar también en la redistribución de la riqueza, proponen la aprobación de una deducción o prestación reembolsable para los trabajadores con bajos salarios y otra deducción por hijos menores de 18 años para reducir la pobreza infantil, al tiempo que se proponen “ajustes” en la tarifa del IRPF. También se apuesta por generalizar la estimación directa, lo que implica acabar con la tributación por módulos. Al mismo tiempo, y con carácter general para este impuesto, abogan por ensanchar la base imponible del IRPF, suprimiendo aquellas exenciones, reducciones, deducciones o regímenes especiales cuyo mantenimiento no esté justificado. En este sentido, recomiendan suprimir la reducción por arrendamiento de vivienda y por tributación conjunta y transformar la reducción por rendimientos del trabajo en una deducción reembolsable en la cuota, que permitiría integrar el IRPF y las prestaciones públicas para las personas con renta reducida.

En cuanto a los impuestos de patrimonio y sucesiones, los expertos no son partidarios de suprimirlos, sino de evitar su vaciamiento mediante deducciones muy agresivas. Para ello, proponen establecer un límite mínimo y también un techo, aunque dejando margen a las comunidades autónomas para acordar subidas o bajadas y respetar de este modo su autonomía fiscal. Ruiz-Huerta ha explicado que estos impuestos han vivido una “competencia a la baja” entre regiones, por lo que ha abogado por asegurar un “equilibrio” entre competencias normativas y autonomía tributaria. Es decir, por tender hacia una armonización fiscal contra la que se ha posicionado la Comunidad de Madrid y que defienden otras autonomías como Cataluña.

Diésel y gasolina

Los expertos también creen que España tiene mucho camino que recorrer en lo que a impuestos ambientales se refiere, avanzando sobre la máxima europea de que “quien contamina, paga” con el objetivo de alcanzar una recaudación próxima a los 15.000 millones de euros. En este aspecto, consideran que, tal y como también defiende el Gobierno, se debe avanzar hacia la equiparación de la fiscalidad del diésel y la gasolina, en línea con la directiva sobre fiscalidad de la Unión Europea, según han explicado. Además de esta equiparación, sostienen también la conveniencia de dar una vuelta de tuerca a la fiscalidad de ambos combustibles. Con estas modificaciones, se podrían recaudar 8.504 millones, según sus estimaciones. El documento también aboga por gravar el queroseno -ahora exento de impuestos- e introducir un impuesto a los billetes de avión para desincentivar el uso de este modo de transporte cuyas emisiones se han incrementado mucho en los últimos años. Al mismo tiempo, son partidarios de reducir impuestos a la electricidad.

El Libro Blanco también es partidario de elevar la fiscalidad de los tipos de gravamen sobre determinados consumos de alcohol y en materia de tabaco, recomienda considerar un cambio en la estructura del impuesto especial sobre los cigarrillos para convertir al componente específico de gravamen en el principal elemento del tributo, al tiempo que propone un nuevo impuesto que grave el cigarrillo electrónico.

A pesar de considerar que España necesita acometer una reforma fiscal que le permita afrontar los retos de los que hablan en el documento, los expertos recomiendan al Ejecutivo consolidar la recuperación económica antes de poner en marcha las reformas en un contexto marcado por la crisis de la Covid-19 y del conflicto en Ucrania y le han instado a una aplicación “gradual”, a través de una “razonada” programación. Hoy mismo, tras recibir el libro, la propia María Jesús Montero ha asegurado que, con una guerra en ciernes como la de Ucrania, “no es justamente en esta semana un momento en el que vayamos a plantear ninguna subida fiscal inmediata”.