Sin acuerdo en la UE sobre el tipo mínimo a multinacionales

Los ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete (Ecofin) han vuelto a fracasar hoy en su intento de implantar una tasa mínima del 15% en el impuesto de sociedades debido a las reticencias de Suecia, Polonia y Malta. Esta propuesta intenta trasladar al ordenamiento europeo el acuerdo alcanzado por parte de la OCDE en octubre de 2021 y que fue refrendado por 136 países, con el objetivo de gravar con este tipo mínimo a las multinacionales cuya cifra de negocios supere los 750.000 millones de euros, lo que supondría unos 150.000 millones de dólares anuales extra en la tributación global. El objetivo de esta propuesta reside en evitar que las multinacionales se instalen en aquellos países con unos impuestos más bajos y esto lleve a una competición sin fin.

A pesar de la falta de acuerdo, la Presidencia francesa, que pilota las negociaciones este semestre, confía en poder superar estas discrepancias durante las próximas tres semanas, con el objetivo de poder llegar a un pacto definitivo en la próxima reunión del Ecofin del mes de abril. Para llegar a un acuerdo en temas de fiscalidad es necesaria la unanimidad de las capitales europeas, lo que suele lastrar la toma de decisiones.

Este acuerdo global en el seno de la OCDE en 2021 fue posible gracias al empuje de la Administración Biden. A cambio, Bruselas decidió aparcar de manera momentánea la presentación de su propuesta para poner en marcha un impuesto a los gigantes digitales –la gran mayoría de origen estadounidense-, la conocida como «tasa Google». Precisamente, los tres países que se oponen a este tributo mínimo del 15% de las multinacionales están en contra de dejar para más adelante esa otra gran pata del pacto internacional y creen que los dos aspectos deben acordarse en paralelo. Algunos países como Francia o España o Italia ya introdujeron en sus respectivos territorios una tasa a los gigantes financieros, lo que ocasionó amenazas arancelarias por parte de Washington. En octubre de 2021, Francia, Italia, Reino Unido y Austria se comprometieron a suspender estos impuestos para adaptarlo al consenso internacional a cambio de que EE UU desistiera en sus represalias.

Otro de los problemas de la iniciativa reside en su calendario. Aunque el texto original había fijado el 1 de enero de 2023 para su entrada en vigor, la presidencia francesa ha retrasado un año esta fecha, lo que ha evitado el veto de Hungría y Estonia.