La UE se pone de perfil en el debate sobre el precio de la energía y deja la decisión a los líderes

La Comisión Europea ha presentado hoy una batería de propuestas con el objetivo de encauzar el debate sobre el alza vertiginosa de los precios de la energía. Un documento que ahora será analizado por los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete que se reúnen mañana y el viernes en la capital comunitaria. Aunque por primera vez la Comisión Europea plantea medidas como las defendidas por el gobierno de Pedro Sánchez y otros países del sur de Europa -entre ellas intervenir de manera directa en los precios de la energía- lo cierto es que el Ejecutivo comunitario se muestra prudente sobre las opciones elegidas y puntualiza que todas ellas entrañan riesgos y su carácter debe se limitado y temporal, ante el peligro de que esto suponga dar pasos atrás en la liberalización de los mercados y en la progresiva descarbonización de la economía europea que busca reducir la dependencia de los hidrocarburos.

De hecho, el texto presentado hoy parece sobre todo una patada hacía delante que sirva para azuzar el debate entre los Veintisiete, a la espera una nueva propuesta en el mes de mayo. A pesar de que en su gira europea, Pedro Sánchez ha conseguido el apoyo de países como Francia, Italia y Bélgica, el grupo comandada por Alemania y Holanda sigue resistiéndose y en los pasillos comunitarios estos países han comenzado a apodar a Sánchez como “Don Quijote” por su defensa numantina de este tema y a su homólogo belga, Alexander de Croo, como Sancho Panza.

Entre la batería de propuestas del Ejecutivo comunitario, se encuentra negociar de manera colectiva en la UE con los socios internacionales el suministro de gas licuado que llegue a la UE a través de buques metaneros. La segunda tanda de medidas tiene que ver con la intervención directa en la fijación de precios en los mercados mayoristas ya sea en todo el mercado eléctrico o sólo en las tarifas de gas. En este último aspecto,  a través de la imposición de un tope al precio del gas que sea mayor que el coste de los proveedores pero menor que el del mercado y sin compensaciones para los afectados. Este precio límite deberá ser común en todos los países europeos para evitar distorsiones, aunque existe la posibilidad de que se ponga en peligro el suministro energético y de que las compañías prefieran priorizar a los países vecinos como clientes.

En cuanto a la intervención total de todo el mercado eléctrico, Bruselas propone varias opciones como una compensación a los generadores de combustibles fósiles en el que se tenga en cuenta el precio del gas o un límite de precios que afecte a todas las fuentes de energía. En estos casos, Bruselas reconoce que también se podría poner en peligro el suministro eléctrico o que estas compensaciones con dinero público deriven en más impuestos para los ciudadanos o aumento del déficit público. Como tercera opción, Bruselas también plantea impuestos a las compañías eléctricas por los beneficios obtenidos por el aumento del precio del gas y que este dinero extra se utilice para ayudar a los consumidores más vulnerables. Ahora mismo, según el modelo de fijación de precios marginal, todas las fuentes de energía quedan alineadas con la tarifa más cara, la del gas. Esto ha procurado durante los últimos meses ingresos extraordinarios a otras fuentes más baratas como las nucleares o las renovables. Además, la UE ha presentado hoy una propuesta legislativa para obligar a los Estados europeos a asegurar que sus reservas de gas llegan al 80% el 1 de noviembre de 2022, con la posibilidad de que esta cantidad llegue al 90% en los próximos años.

Ayudas públicas

Por otra parte, la Comisión Europea aprobó este miércoles un nuevo marco temporal que permitirá a los Estados miembros conceder ayudas públicas a empresas afectadas por la guerra en Ucrania y compensar parcialmente el incremento de los precios de la energía. La CE ha creado este marco temporal a imagen del que ya puso en marcha para apoyar al tejido productivo europeo durante la crisis de la pandemia de coronavirus y el objetivo es utilizar la “flexibilidad” prevista en la legislación comunitaria para que los países puedan desplegar ayudas públicas que no están permitidas en circunstancias normales.

Los gobiernos europeos podrán otorgar ayudas directas de hasta 35.000 euros por empresa afectada en los sectores de agricultura, pesca y acuicultura y de hasta 400.000 euros en los demás sectores. Además, el marco temporal de Ayudas de Estado permite compensar parcialmente a las empresas por los elevados precios de la energía, especialmente a aquellas compañías que consumen mucha energía, y esta ayuda podrán concederse en diversos instrumentos, incluidas las subvenciones directas. No obstante, la ayuda por empresa no podrá superar el 30 % de los costes subvencionables, hasta un máximo de dos millones de euros, aunque podrá estar justificada una ayuda adicional para garantizar la continuidad cuando una sociedad incurra en pérdidas. En estas circunstancias, los Estados miembros podrán conceder ayudas de hasta 25 millones de euros para los grandes consumidores de energía y de hasta 50 millones de euros para las empresas de sectores concretos (aluminio y otros metales, fibras de vidrio, pasta, fertilizantes o hidrógeno y numerosos productos químicos básicos), informa Efe.