Los jubilados anticipados denuncian ante Europa que el Gobierno infringe la legislación comunitaria y castiga a 700.000 pensionistas

Asjubi40, la asociación de jubilados anticipados que reclama que con 40 años o más cotizados se eliminen los coeficientes reductores que penalizan sus pensiones, presenta estos días una queja ante la Comisión Europea, a través del despacho Navas & Cusí, con el fin de que reconozca la violación de Derecho europeo por el Estado español y se derogue la penalización de la jubilación anticipada en largas carreras de contribuciones a la Seguridad Social.

“La actual Ley General de la Seguridad Social, así como la nueva reforma que se ha aprobado, Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones y normativa aplicable, infringen numerosas normativa y preceptos tanto del ordenamiento nacional como a nivel comunitario”, señala la asociación en un comunicado.

“Con la aplicación de los nuevos coeficientes, lo que buscaba el legislador era desincentivar el acceso a la jubilación anticipada, evitando así un mayor coste para el sistema y un agravio comparativo con el resto de los trabajadores que se jubilan a la edad ordinaria, lo cual es claramente discriminatorio”, según Navas & Cusí, el bufete que lleva la reclamación de Asjubi40 ante la Justicia europea y que está especializado en Derecho comunitario.

Infracciones

La primera parte de la reforma de las pensiones destina algunas medidas a los jubilados anticipados, como la reducción de coeficientes en las jubilaciones anticipadas con largas carreras de cotización o un complemento a la pensión para carreras de cotización de 40 años que no alcancen los 900 euros. Pese a estas pequeñas mejoras, que según la asociación benefician a muy pocos afectados por la penalización actual, Asjubi40 y Navas & Cusí señalan que hay varias infracciones a la normativa y legislación comunitaria por parte del Estado español.

“El máximo exponente de infracción es al artículo 15 del Pilar europeo de derechos sociales, en el que se reconoce el derecho de todo trabajador a recibir una pensión de jubilación acorde a sus contribuciones que garantice una renta adecuada y una vida digna, así como de la normativa europea aplicable al caso tales como los reglamentos (CE) números 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social; 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16-septiembre-2009 por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento anterior; y el nº 1231/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010; y el Convenio Europeo de Seguridad Social y Convenio Complementario para la aplicación del mismo que se firmaron en París el 14 de diciembre de 1972, ratificado por España y que entró en vigor el 25 de abril de 1986. Se trata de un caso de discriminación ya que infringe la Carta Magna Europea”, explica el despacho de abogados.

Cinco categorías de afectados

Para el letrado y socio titular del bufete, Juan Ignacio Navas Marqués, “es una cuestión estrictamente propia de la jurisdicción europea que está por encima de la jurisdicción nacional. De este modo, se han podido clasificar cinco principales categorías de afectados, como son los jubilados anticipados involuntarios, jubilados anticipados que trabajaron en otro país europeo, jubilados anticipados con discapacidad, voluntarios y mujeres a tiempo parcial. Todas estas categorías tienen el denominador común de padecer la misma discriminación o vulneración de derechos, pero tienen antecedentes de hechos diferentes, de ahí que se proceda a la presentación de diferentes escritos de quejas”.

Navas Marqués también explica que las Instituciones Europeas no tienen la competencia de dictar las medidas exactas a ser tomadas por los Estados miembros, pero pueden examinar si las medidas son adecuadas o no para cumplir con las obligaciones del derecho comunitario. En el caso de que se demuestre que la legislación interna infringe a la normativa europea vigente, pueden sancionar al estado miembro con el pago de una multa consistente en una suma a tanto alzado.

Asjubi40: “Nos sentimos traicionados y abandonados”

Asjubi40 ya advirtió el pasado mes de diciembre dejaba a un lado la vía política y recurriría ahora a los tribunales. “Nos hemos visto obligados, ya que la vía política nos la han cerrado los partidos políticos, los sindicatos y el propio Gobierno”, denunció Santiago Menchero, portavoz de Asjubi40, en declaraciones a LA RAZÓN. Con el lanzamiento de un vídeo informativo sobre todo el procedimiento de “ir a Europa” y cómo sumarse a su solicitud, la asociación puso en marcha su nueva estrategia.

“Nos hemos reunido con la presidenta del Pacto de Toledo, y con todos los portavoces de los grupos políticos en esta comisión. Logramos que nuestra reivindicación se contemplase en la Recomendación 12, con el apoyo de la mayoría de grupos, apoyo que al final ha sido traicionado por todos y, en consecuencia, ha dejado vía libre al ministro José Luis Escrivá para continuar penalizando de por vida las pensiones a la generación más solidaria que ha existido”, denuncia Asjubi40 en el comunicado.

Asjubi40 ha tomado la decisión de recurrir a las instituciones europeas después de seis años de intentos de negociación política, al sentirse “traicionados y abandonados por los sindicatos partícipes de la Mesa del Diálogo Social. Después de ver cómo se nos continúa discriminando con respecto a los años de cotización exigidos por la LGSS (37 años y 6 meses en 2022; anteriormente eran 35 años y serán 38 años y 6 meses en 2027) y con respecto a otros colectivos, que sí se pueden jubilar con 60 e incluso menos, con solo 35 años cotizados y pensión íntegra”.