España

La UE permite a España y Portugal bajar el precio de la energía

Pondrán en marcha mecanismos compensatorios para bajar la factura del gas y de la luz

Antes de la celebración de la cumbre europea, un diplomático de un país del norte de la Unión Europea había calificado a Pedro Sánchez como un ‘Don Quijote’ luchando contra molinos de viento, ante el rechazo de los países del Norte a sus propuestas para rebajar la factura de la energía y su gira internacional para recabar apoyos y darle un giro inesperado a los acontecimientos.

El desarrollo de la cumbre no decepcionó y tuvo sus pequeñas dosis de épica comunitaria: el presidente del Gobierno incluso llegó a ausentarse de la sala durante media hora, molesto por el tuit de un periodista que había informado de que Sánchez acudía a la cumbre con el propósito de vetar el texto, a pesar de que las fuentes diplomáticas españolas insistían en todo momento en el ánimo constructivo español. Tras el encuentro, Sánchez y el primer ministro portugués, Antonio Costa, comparecieron de manera conjunta ante la prensa para cantar victoria. Tras casi diez hora de maratonianas negociaciones, los Veintisiete llegaron acuerdo para compras conjuntas de gas entre los países europeos con el propósito de tener mayor poder de negociación frente a países terceros y un tratamiento diferenciado para Madrid y Lisboa. La propia presidenta

El presidente del Gobierno llegó a la segunda sesión de la cumbre con una propuesta conjunta con Portugal para que el club comunitario reconociera la singularidad de la Península Ibérica como isla energética, ya que las conexiones de gas con el resto del Continente no llegan ni al 3%. Intentando hacer de la necesidad virtud, Madrid y Lisboa esgrimen que esta particularidad podía permitir a los dos países realizar medidas intervencionistas por su cuenta sin que esto afectara al resto de los socios europeos.

En esta iniciativa, las dos capitales proponían un sistema para compensar a las centrales de ciclo combinado que transforman la energía térmica de gas natural en electricidad y que ahora mismo se están viendo penalizadas por el aumento vertiginoso de los precios de este hidrocarburo y las repercusiones de la guerra con Ucrania. De esta forma, estas centrales recibirían una compensación económica que les permitiría acudir a las subastas mayoristas de gas con un precio menor al que están pagando por los hidrocarburos y que esta rebaja se acabe trasladando a las facturas que pagan familias y empresas.

Aunque esto supone una ventaja respecto a los operadores de otros países, Madrid y Lisboa argumentan que las distorsiones en el mercado único serían mínimas debido a la dificultad de trasladar el gas dentro de un club comunitario. Además, existe un artículo en los Tratados europeos que permite activar una cláusula de manera urgente para un procedimiento legislativo exprés y temporal en circunstancias excepcionales.

De esta forma, España y Portugal perseguían una solución ad hoc, debido a la cerrazón del club comunitario en imponer un límite común de todos los países europeos al precio del gas. Una posibilidad que los países del Norte definen con cierta sorna como Fondo Gazprom, ya que podría conllevar la utilización de dinero público para acabar financiando al gigante energético ruso. En caso de que este límite de precios se realice sin compensaciones de ningún tipo, existe el peligro de que los operadores decidan suministrar el gas a otros países europeos fuera del bloque o incluso que los operadores nacionales prefieran exportar al exterior y esto acabe causando severos cortes de suministro.

Aunque desde hace meses Sánchez lleva batallando para una reforma global del sistema de fijación de precios, la UE se ha resistido hasta el momento como gato panza arriba a imponer medidas de alcance como cambiar el mecanismo marginalista, por el que las tarifas de todas las fuentes de energía quedan alineados con el de gas, aunque su producción sea más barata. La semana pasada, la Comisión Europea abrió la posibilidad de utilizar estos ingresos extra, los denominados “beneficios caídos del cielo” para imponer un impuesto extraordinario a las eléctricas con el objetivo de utilizar este dinero para ayudar a los colectivos más castigados por la subida desorbitada del gas. Un cambio importante ya que hasta el momento, el Ejecutivo comunitario era partidario de utilizar estos ingresos para aumentar las inversiones en fuentes de energía renovables y acelerar el cambio de paradigma europeo de menor dependencia de los combustibles fósiles.