Indignación empresarial con Díaz por prohibir el despido a sus espaldas: “Es otra traición al diálogo social”

«No es el momento de despedir». Con esta frase la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, volvió ayer a sacar a la palestra una polémica cláusula que ya utilizó durante los peores momentos de la pandemia: la prohibición del despido procedente. El objetivo de Díaz se centra en intentar reducir al máximo la pérdida de empleo, acuciada por una nueva situación crítica en el empleo provocada al unísono por la guerra de Ucrania, las movilizaciones del transporte y el sector primario y la desbocada inflación. Tres causas que están incidiendo de forma directa en la paralización de la actividad económica en infinidad de sectores, principalmente la industria, la construcción y el agroalimentario.

Fuentes de ministeriales confirmaron a LA RAZÓN que la propuesta «ya ha sido presentada y se está negociando dentro del Gobierno». En concreto, la idea de Trabajo es «reactivar la prohibición del despido procedente, para evitar que las empresas generalicen extinciones de contratos aduciendo causas objetivas relacionadas con el impacto de la guerra», manifestaron dichas fuentes.

Este anuncio a indignado a los empresarios y a los representantes patronales, que ven en esta medida un nuevo ataque contra su capacidad decisoria y contra sus necesidades operativas y laborales, además de acusar al Gobierno de decidir de nuevo «unilateralmente, a nuestras espaldas y sin ponerlo en nuestro conocimiento. Si se aprueba, sería otra traición al diálogo social y un golpe mortal a la reforma laboral aprobada hace apenas tres meses. Es una falta de respeto que sigan cambiado las reglas del juego cuando les conviene», manifestó a este diario Lorenzo Amor, vicepresidente de CEOE y presidente de ATA. «Si lo hacen, la reforma laboral estaría rota y sería papel mojado».

Pese a las críticas empresariales, esta medida se está ya negociando contra reloj porque la ministra Díaz pretende que se incluya dentro del plan de choque que el Gobierno prepara para su aprobación como decreto ley en el Consejo de Ministros del próximo día 29. Desde el Ministerio se reconoce que «los tiempos son muy cortos y si no se puede aprobar el próximo martes se intentará hacerlo en el siguiente como una cláusula adicional».

La ministro lanzó la «bomba» ayer en el Congreso para presionar a su socio de Gobierno para que active esta medida ya. «No es el momento de despedir, ni tampoco es el momento de bajar salarios. Esto nos ha dado resultado en la crisis anterior y lo va a volver a hacer», dijo ante los diputados, a los que recordó los «beneficios récord» que obtuvieron el pasado año las empresas cotizadas y «no pueden caer en estas prácticas».

Además, advirtió de que deben tomarse de inmediato más medidas, como congelar las subidas del alquiler y atajar el alza de precios, ya que los niveles actuales del IPC «entrañan el riesgo de avanzar hacia un panorama de empobrecimiento generalizado». La vicepresidenta adelantó que, además de las medidas energéticas y sociales, el decreto ley del martes incluirá «un bloque de medidas laborales», al que pretende sumar la prohibición del despido y el impedimento de bajar sueldos. Fuentes de la patronal avisan: «Nuestra paciencia está llegando al límite».