Las autonomías del PSOE, en las que más impuestos se paga

Poner orden en el caos de tributos generados por las comunidades autónomas, pero sin restar independencia ni en sus decisiones ni en sus capacidades recaudatorias. Esa es una de las principales conclusiones del último informe sobre el panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2022 realizado por el Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF), que realiza anualmente una comparativa sobre la tributación IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones y Transmisiones patrimoniales, en otros , por comunidades autónomas.

En este retrato de primer plano se detalla la actuación de cada una de las administraciones regionales en cuestiones tributarias, en las que durante el último ejercicio se han combinado subidas de impuestos con descensos significativos, aumentando las acusadas diferencias de presión fiscal entre los territorios autonómicos. Una competencia fiscal criticada por el Ejecutivo y por comunidades con mayor presión impositiva, prácticamente todas las gobernadas por el PSOE o formaciones independentistas, como en Cataluña.

Los economistas resaltan que cuatro comunidades del PP, además de los territorios forales, modifican sustancialmente a la baja sus tarifas del IRPF; Andalucía y Galicia bajan Patrimonio; Castilla y León prácticamente libera la tributación por Sucesiones y Donaciones a los familiares cercanos; y en Transmisiones Patrimoniales se bajan los tipos en Andalucía y Galicia. Todas ellas regiones gobernadas por los populares.

Pero quién se lleva la palma es la Comunidad de Madrid que, con carácter general, cuenta con los tipos más bajos en el IRPF y, por tanto, se convierte en la región donde menos se pagaría por este tributo. Sin embargo, es la región con la recaudación más elevada. En el lado opuesto se encuentran Cataluña o la Comunidad Valenciana, en las que se marcan los tributos más elevados. La comunidad que preside Isabel Díaz Ayuso aprobó este año una bajada de medio punto en todos los tramos de la declaración de la renta y la eliminación de todos los impuestos propios de la región.

De este modo, los economistas destacan en su estudio que la diferencia entre un contribuyente de Madrid y uno Cataluña, con una renta media de 30.000 euros, sería de 358 euros. Un ahorro que se multiplica entre los madrileños con rentas altas y muy altas. Por ejemplo, en el caso de una renta de 110.000 euros, la diferencia entre Madrid y Comunidad Valenciana o Cataluña es de casi 3.000 euros, mientras que para una renta de 300.000 euros, la distancia se amplía hasta los 18.000 euros.

En cuanto a los impuestos propios (IP), Cataluña sigue siendo la comunidad con la mayor presión fiscal sobre sus ciudadanos. En el IP se ha utilizado menos la capacidad normativa. Mientras en Madrid se aprobó una bonificación del 100% y del 25% en Galicia, en en Aragón, Cataluña, Extremadura y Comunidad Valenciana se establecieron mínimos exentos más bajos. Sobre las tarifas propias, nueve comunidades de régimen común han establecido gravámenes adicionales que se apartan de la estatal (0,2-3,5%). Madrid lo ha suprimido.

Con estos antecedentes, los economistas del Consejo tienen su propia posición. Apuestan por suprimir el impuesto de Patrimonio, que podría mantenerse como declaración informativa. El propio presidente del CGE, Valentín Pich, consideró que el impuesto de patrimonio «está creando muchos problemas», es ineficiente y apenas recauda, por lo que debería ser suprimido. Sin embargo, el Consejo propone convertirlo en una declaración informativa, que asumiría la de bienes en el extranjero (el modelo 720).

Por otro lado, plantean la posibilidad de limitar la capacidad de las comunidades autónomas para modular el impuesto de Sucesiones, de manera que se restringiera a los tipos y bonificaciones, es decir, a partir de la base liquidable. En términos generales, los economistas defienden la necesidad de revisar la utilidad de los regímenes especiales y beneficios fiscales del sistema tributario, ya que su eliminación permitiría incrementar la recaudación sin subir los tipos, así como garantizar una cierta estabilidad normativa.

En materia de IRPF, apuestan por tener en cuenta el efecto de la inflación en el cálculo de las pérdidas y ganancias, así como por revisar los mínimos personales y familiares para fortalecer la progresividad. En Sociedades, proponen eliminar, una vez superada la crisis, la limitación a la exención de dividendos de filiales en el exterior, así como revisar «disfunciones» como las restricciones a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores o los coeficientes de amortización de inmovilizados. También plantean poner en marcha una deducción vinculada al incremento y mantenimiento de plantilla y mejorar el incentivo a la creación y aportación a planes de empleo. Asimismo, proponen modernizar el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (ITP-AJD) y ponen encima de la mesa la posibilidad de crear una administración tributaria única compartida por Estado y comunidades autónomas. Asimismo, piden centralizar la regulación de los impuestos autonómicos, que actualmente están «muy dispersos», unificar los de vehículos y transportes.