Rechazo total de los empresarios a prohibir el despido por la crisis de la energía

«Esta es una medida antisocial y va a llevar a la quiebra a miles de pymes, que no van a poder soportar tantos salarios y van a optar por cerrar». Así de contundentes se mostraron fuentes empresariales tras culminarse la aprobación en el Consejo de Ministros de la prohibición de despedir a las empresas que recurran a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para sortear la crisis y también para los que pongan como causa el incremento de los precios de la energía o quienes reciban ayudas directas del plan.

«No es necesario despedir, tienen los recursos públicos para impedirlo», advirtió la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que recordó que con la reforma laboral se «reforzó la figura de los ERTE para estas situaciones» y que «acogerse a un ERTE implica también el mantenimiento del empleo o la devolución de las ayudas públicas recibidas durante su aplicación».

En este sentido insistió en que el objetivo ahora es evitar extinciones de contratos motivadas por el impacto de la guerra en Ucrania. «No se puede recibir dinero público a modo de cotizaciones a la Seguridad Social pagadas por los españoles y, a la vez, despedir». Cargó también contra las quejas de la patronal CEOE, a la que volvió a avisar de que «esto no es nuevo y conocen perfectamente este tipo de cláusulas porque las pactó con el Ejecutivo durante la pandemia».

Desde la patronal, le han vuelto a espetar «que se quiere crear siempre una mala imagen sobre los empresarios, como si les divirtiera despedir. Las empresas son las que dan empleo y están en un momento muy complicado y lo que menos necesitan es que les pongan más trabas para su supervivencia. Se nota que ellos no han montado nunca una empresa, y a sí nos va», indicaron a LA RAZÓN las mismas fuentes.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, criticó también la medida porque «no estamos en una situación como la que se vivió en la pandemia. Establecer un veto en este aspecto puede castigar y penalizar a los autónomos».

Por su parte, la patronal catalana Foment del Treball censuró la limitación del despido porque «supone una ruptura de los principios básicos de nuestro ordenamiento, atenta contra la capacidad para garantizar la viabilidad de las empresas y la salvaguarda de los empleos y actúa contra la libertad de empresa».