Consumo

El Gobierno permite racionar la venta de alimentos en los supermercados para evitar el desabastecimiento

Modifica la ley del Comercio Minorista para que, en situaciones excepcionales, los establecimientos puedan controlar las unidades máximas por artículo que pueden ser adquiridos por cada comprador

Los carteles limitando la compra de botellas de aceite de girasol se han popularizado en los supermercados desde el inicio de la guerra en Ucrania. Su legalidad ha estado en duda durante varias semanas, incluso algunas asociaciones de consumidores como Facua han denunciado a varios supermercados por poner límites a la adquisición de artículos. Sin embargo, ahora el Gobierno ha decidido dar a los comercios minoristas la capacidad de limitar la compra de artículos por consumidor para evitar los episodios de desabastecimiento de productos como aceite de girasol o leche que se han registrado en las últimas semanas como consecuencia de la guerra de Ucrania y la huelga de transportistas.

En concreto, el decreto de medidas de choque contra la guerra aprobado este martes en Consejo de Ministros modifica la Ley de Ordenación del Comercio Minorista para permitir a los establecimientos comerciales limitar en situaciones excepcionales las unidades máximas por artículo que pueden ser adquiridos por cada comprador.

El decreto publicado este miércoles en el BOE reforma el artículo 9 de la Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista, que establece en su apartado 2 que “los comerciantes no podrán limitar la cantidad de artículos que pueden ser adquiridos por cada comprador ni establecer precios más elevados o suprimir reducciones o incentivos para las compras que superen un determinado volumen. En el caso de que, en un establecimiento abierto al público, no se dispusiera de existencias suficientes para cubrir la demanda, se atenderá a la prioridad temporal en la solicitud”.

El decreto introduce un nuevo apartado, tercero, en ese artículo: ”Excepcionalmente, cuando existan circunstancias extraordinarias o de fuerza mayor que lo justifiquen, los establecimientos comerciales podrán suspender con carácter temporal la prohibición prevista en el apartado 2 de limitar la cantidad de artículos que puedan ser adquiridos por cada comprador”.

Según la normativa aprobada, “estas medidas deberán estar justificadas y se adoptarán de manera proporcionada cuando sea necesario para impedir el desabastecimiento y garantizar el acceso de los consumidores en condiciones equitativas”.

Dar respuesta a la escasez

Esta reforma, que debe ser asumida por las comunidades autónomas que tienen competencias en comercio, pretende dar respuesta a la crisis de abastecimiento que han sufrido los supermercados con el inicio de la guerra, en el caso del aceite de girasol, que procede principalmente de Ucrania, y con el paro de transportistas, que ocasionó escasez de leche, yogures, arroz, harina, pasta, hortalizas y pescado, principalmente. La paralización del transporte por carretera provocó que numerosas industrias tuvieran que paralizar su actividad, al no recibir las materias primas ni los embalajes para elaborar los productos y tampoco poder dar salida a los alimentos ya procesados. Durante estos críticos días, la escasez se vio agravada por las compras impulsadas por el miedo, tal y como ocurrió con el papel higiénico al inicio de la pandemia.

Efecto contrario: más acaparamiento y subida de precios

Antes de la reforma legal publicada este miércoles, limitar a los consumidores el número de unidades de un producto que pueden adquirir en cada compra era una práctica ilegal, ya que vulneraba la ley de Comercio Minorista. Esto dio lugar a que Facua llegara a denunciar a los supermercados DIA, Mercadona, MAS, El Jamón e Hiperdino por limitar la compra de aceite de girasol.

Tras este cambio en la normativa, desde Facua valoran negativamente la medida y alertan de sus graves efectos sobre los precios. “Se está autorizando una práctica prohibida desde hace casi 30 años con la que se deja en manos de los comercios cuándo y cómo limitan el número de productos que puede comprar un consumidor, lo que va a fomentar el acaparamiento”, justo lo que se pretende evitar, advierte Rubén Sánchez, secretario general de Facua. “En cuanto nos digan no puede llevarse X cajas de leche, los consumidores se lanzarán a comprar el máximo posible, además subirán los precios en paralelo y, aprovechando la coyuntura, no lo notaremos. Es un absoluta irresponsabilidad del Gobierno. Lamentablemente desde el Ministerio de Consumo no se ha hecho absolutamente nada para impedirlo, sino todo lo contrario, se ha fomentado la medida”, añade. Además, desde Facua hacen hincapié en que esta decisión puede dar lugar a abusos, porque están “convencidos de que la Administración no lo va a controlar”.

Asufin también ha manifestado en un comunicado un “total rechazo” a esta decisión del Gobierno, ya que cree que “incentiva aún más la paranoia del consumidor” y “da cobertura a la especulación de precios con productos de primera necesidad”.

El Gobierno llama a la responsabilidad

“Lo importante es que hagamos una llamada a la responsabilidad. A veces se producen alarmas guiados por el nerviosismo. Eso es lo que contempla el plan y creo que lo importante es que hagamos una llamada a la responsabilidad, que entre todos nos corresponde transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía”, ha afirmado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Congreso de los Diputados.

La titular de Industria ha afirmado que “a veces se producen ciertas alertas y alarmas que generan comportamientos quizás guiados más por el nerviosismo”, y ha añadido que se trata de medidas que tienen que servir para transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, al tejido productivo y a empresas. “Todos debemos ser responsables en ese sentido. Las comercializadoras y supermercados también. Eso es lo más importante en un contexto complicado”, ha resaltado.