La inflación se desboca y lleva a España a la crisis de los 80

A1985. Hasta allí, a la gran crisis de los años 80 del pasado siglo,nos ha llevado la desbocada inflación que parece no tener techo. 37 años después se vuelve a ver un subida de precios de tal calibre que, en aquel momento, en plena recesión económica tras la primera parte de la Transición, transformó de golpe el tejido empresarial español en apenas una década, dejando por el medio la tasa de paro más alta de Europa –algo que aún se mantiene–. Los precios energéticos, los carburantes y la cesta de la compra han descalabrado el IPC, que se queda ya a apenas dos décimas de los dos dígitos, después de la escalada en marzo hasta del 9,8%, 2,2 puntos por encima de la tasa registrada en febrero (7,6%) y la más alta desde 1985, según el dato adelantado del Instituto Nacional de Estadística (INE). En tasa mensual, el IPC registró un incremento del 3% respecto a febrero, su mayor alza mensual en cualquier mes desde 2002, cuando se cambió la metodología de esta estadística para recoger mejor la evolución del mercado.

En este contexto, el Gobierno siempre toma aire sosteniéndose en la inflación subyacente, la que no incluye ni alimentos frescos ni energía. Pero, en esta ocasión, incluso este registro sufrió un repunte de cuatro décimas en marzo, hasta colocarse en el 3,4%, la más alta desde septiembre de 2008, en plena explosión de la Gran Recesión financiera.

Esperaba el Ejecutivo un nuevo incremento, «pero no tanto», reconocieron a LA RAZÓN fuentes gubernamentales. Los datos han desbordado todas sus previsiones y alertan sobre que el encarecimiento del coste de la vida no se detendrá al menos hasta el verano, fecha en la que comenzó la escalada hace ya un año. La persistencia de este despegue imparable, que derriba previsiones una tras otra como si de un castillo de naipes se tratara, tiene un solo culpable para el Gobierno: la guerra de Ucrania. Se empeña en mantener que esta situación está directamente relacionada con el conflicto –y en parte por la huelga de transportistas que aún se mantiene–. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció ayer en el Congreso de los Diputados que el 9,8% de inflación es «un mal dato» que afecta a la economía y a la sociedad española, pero lo circunscribió «en un 73%» al impacto de la guerra. El presidente volvió a poner cara de póker y mostró su convencimiento de que el plan choque, aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros por decreto ley, va a permitir «doblegar la curva (de la inflación) y estabilizar el coste de la vida».

Pero los datos son tercos y, aunque son interpretables, nunca mienten. Los efectos de esta subida de precios imparable no son una sorpresa ni nada nuevo. Lleva meses sumando décima a décima en una línea ascendente que ha marcado récord este mes, la más alta aquel lejano 1985, cuando se alcanzó una décima más (9,9%). La situación es aún más grave si se toma como referencia la serie completa, ya que el repunte mensual de marzo –esos 2,2 puntos de más– es el más elevado desde agosto de 1977, en plena Transición. Los precios de consumo suman así 13 meses al alza –desde marzo de 2021–, una senda solo interrumpida en agosto de ese año, cuando cayó al -0,8%-, y en enero de este año, al moderarse cuatro décimas –al 6,1% interanual–.

La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño –que ve como mes a mes sus previsiones económicas se van al traste–, intentó ayer tranquilizar a la sociedad civil y a los empresarios por la descomunal pérdida de poder adquisitivo. «Es un escenario marcado por la incertidumbre y adoptaremos todas las medidas que sean necesarias para contrarrestar sus efectos a corto plazo», dijo Calviño sobre el plan recién aprobado y que, de momento, estará vigente solo tres meses, aunque las previsiones de organismos como el BCE, el FMI o el Banco de España auguran que la carrera inflacionista se prorrogará durante todo este año. Ante esto, Calviño se limitó a adelantar que «el plan se adaptará si fuera necesario».

Pero estas palabras no parece haber tenido el efecto deseado. Especialmente entre los pensionistas, que ven como la revalorización pactada de sus pensiones –un 3,1%– apenas cubre el 30% de la subida del coste de la vida y varios de los colectivos que los representan ya han reclamado el ajuste correspondiente. En peor situacón incluso se encuentran los trabajadores, cuyo alza de salarios en convenio marca el 2,2%, según datos oficiales del Ministerio de Trabajo. Por ello, los sindicatos volvieron a reiterar ayer su descotento con el Ejecutivo porque las medidas que están tomando «llegan tarde y se quedan cortas. No solo se está encareciendo la energía y los carburantes, sino productos básicos de la cesta de la compra y la capacidad de millones de familias está ya al límite», criticaron fuentes de CC OO.