Banca

La junta de CaixaBank aprueba un dividendo de 1.179 millones con la abstención del FROB

Se ha dado luz verde a implementar un programa de recompra de acciones durante el año fiscal 2022 con el objetivo de acercar la ratio de CET1

(I-D)El presidente, Jose Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado, Gonzalo Gortázar Rotaeche, hablan con un accionista en la Junta General
(I-D)El presidente, Jose Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado, Gonzalo Gortázar Rotaeche, hablan con un accionista en la Junta GeneralRober SolsonaEuropa Press

La junta general ordinaria de accionistas de 2022 de CaixaBank no ha vivido ningún contratiempo para la aprobación de los 16 puntos del día, en los que estaba incluida la distribución de un dividendo de 0,14 euros brutos por acción correspondiente al ejercicio 2021. El dividendo se hará efectivo a partir del 20 de abril y, con su pago, el importe de la remuneración al accionista correspondiente será de 1.179 millones de euros, equivalente al 50% sobre el resultado consolidado ajustado por los impactos extraordinarios de la fusión con Bankia.

En esta ocasión, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) -que posee el 16% del accionariado- ha optado por abstenerse, en contraposición con el voto en contra que formuló el pasado año por no compartir la política de retribuciones del banco durante su primera junta como accionista, mostrando así su oposición a los sueldos de la cúpula directiva. Eso parece ya agua pasada y en la junta de hoy el Estado ha decidido abstenerse en la votación sobre política de remuneración, que ha alcanzado un ‘quorum’ del 98 % si se tienen en cuenta los votos a favor y las abstenciones.

La dirección de la entidad ha logrado sacar adelante todos los acuerdos sometidos a votación, entre ellos el referente a la política retributiva y la entrega de acciones a favor de los consejeros ejecutivos como pago de los componentes variables de la retribución. También ha sido aprobado el nivel máximo de retribución variable para los empleados cuyas actividades profesionales inciden de manera significativa en el perfil de riesgo del banco. El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha explicado, durante su intervención en la junta, que la nueva política de remuneraciones de los consejeros “simplifica y da claridad al modelo de retribución variable, manteniendo los límites de la remuneración global”.

Así, contempla un mantenimiento de sus retribuciones para este ejercicio 2022 y amplía de uno a tres años el período de limitación para los consejeros ejecutivos para la transmisión de acciones. En el futuro, además, cualquier incremento retributivo de los consejeros deberá contar siempre con la aprobación previa de la junta de accionistas. Estas remuneraciones se fijarán “en base a los principios de la propia política, la evolución de la compañía y un compromiso permanente con todos los accionistas o grupos de interés”.

El presidente también ha recordado que el consejo ha manifestado la intención de implementar un programa de recompra de acciones durante el año fiscal 2022 con el objetivo de acercar la ratio de CET1, que es el capital de mayor calidad, a su objetivo interno. En este caso los accionistas han dado luz verde a la reducción del capital social hasta un importe máximo correspondiente al 10% mediante la amortización de acciones propias que se adquieran en el marco de un programa de recompra de acciones que la entidad quiere implantar durante 2022. La cifra definitiva de la reducción de capital quedará fijada por el consejo de administración, dentro del límite máximo señalado, en función del número definitivo de acciones que se adquieran.

En el turno de intervenciones, los sindicatos de CaixaBank han reclamado a la dirección una paga extra para la plantilla como reconocimiento al esfuerzo del último año, coincidiendo con el proceso de fusión con Bankia, la pandemia y la aplicación del ERE, y para compensar la pérdida de poder adquisitivo por la elevada inflación. Representantes de los principales sindicatos del banco han intervenido para denunciar la “caótica” situación que han vivido las oficinas en 2021, la “sensación de abandono” que han tenido los trabajadores y la “presión desmedida” que ha ejercido la dirección.