El sector eléctrico se rebela contra el plan del Gobierno para bajar la luz

Los operadores de los mercados eléctricos de España y Portugal han advertido de los “importantes y relevantes impactos” que pueden ocasionar en los mercados a plazos de derivados ya contratados la denominada “excepción ibérica” para limitar a 30 euros el megavatio hora (MWh) el precio de gas que se utiliza para generar electricidad.

En una misiva remitida a las secretarías de Estado de Energía de España y Portugal, así como a los supervisores bursátiles de cada país (CNMV y CMVM) y al comité Técnico del MIBEL (CNMC/ERSE/CNMV/CMVM), a la que ha tenido acceso Europa Press, OMI -en la que participan los principales grupos energéticos del país (como Endesa, Iberdrola, Naturgy, Repsol o EDP) y financieros (Santander o BBVA)- OMPI, BMEClearing y MEFF alertan de que “la potencial intervención del mercado no alineada con el resto de la UE originará un fuerte riesgo regulatorio, comprometiendo la necesaria credibilidad del proceso de formación de precios”. “La ausencia de un régimen regulatorio claro, inequívoco e incuestionable de determinación del precio y con un periodo de aplicación limitado, provocaría una gran inseguridad y riesgo jurídico, en especial en lo que respecta a todos los contratos de derivados ya transaccionados”, añaden.

Y es que las compañías cubren generalmente la volatilidad de los precios de la electricidad por medio de contratos de cobertura en los mercados a futuro, cuyos precios se establecen de acuerdo a los precios en las subastas diarias y en los mercados al contado. De esta manera, una distorsión en esos precios a través de la fijación de un tope llevaría a distorsionar también esos contratos derivados, según los operadores.

Según estimaciones del mercado facilitadas a Europa Press, unos 160 teravatios hora (TWh) están expuestos a posiciones financieras en el mercado ibérico, lo que representa una cantidad muy importante, ya que supone algo más del 60% estimado del consumo de electricidad en un año en España, que asciende a unos 260 TWh anuales. Así, los firmantes de la misiva defienden que, si se opta por ese limite al precio del gas, sea una medida adoptada de forma conjunta por todos los miembros de la Unión Europea, y no solamente que afecte a España y Portugal, o que la norma que vea la luz fije, “por seguridad jurídica y económico-financiera”, el precio de referencia OMIE que servirá de subyacente para todos los contratos de derivados de electricidad en el mercado ibérico.

Dificultades para el sector

No obstante, reconocen la conveniencia de que los gobiernos “busquen soluciones” ante una coyuntura como la actual, marcada por la necesidad de acelerar la transición energética en un contexto de tensiones geopolíticas, especialmente tras el estallido del conflicto bélico de Ucrania, y de volatilidad de precios, que han llevado a una escalada imparable en el precio del gas en todo el mundo, pero particularmente en Europa. Ello, subrayan, ha impactado también en el mercado eléctrico, con una “escalada en los precios en el último año sin precedentes, generando graves dificultades económicas en el tejido empresarial ibérico, en la capacidad y propensión de los hogares a consumir energía y un fuerte malestar social”.

España y Portugal han propuesto a Bruselas como fórmula para abaratar el recibo de la luz una reforma del mercado mayorista eléctrico, el denominado “pool”, por la que se permitiría a ambos países topar en 30 euros/MWh el precio del gas que se usa para generar electricidad. No obstante, esta propuesta, que cuenta con un fuerte rechazo por parte del sector eléctrico, debe recibir el visto bueno de la Comisión Europea. La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, confía en que a principios de mayo Bruselas dé el visto bueno a la medida para su entrada en vigor.