Los robots funcionarios desembarcan en la Administración pública para cubrir un millón de puestos

La digitalización es «asunto de Estado». El 20% del presupuesto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por el que se canalizan los fondos europeos para recuperar la economía tras la pandemia sufrida, están dedicados a programas vinculados con la «robotización» de la economía. En este primer semestre del año deben estar listas las convocatorias de digitalización por un valor conjunto de 2.275 millones de euros como parte del desembolso de los fondos Next Generation EU. En total, están previstas 83 actuaciones relacionadas con este capítulo hasta junio, entre los que se incluyen desde la compra de equipamiento informático a campañas de publicidad.

Ya se está apretando el acelerador con la licitación de contratos por 620 millones de euros, frente a los 2.100 millones que saldrían entre abril y junio. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) será el organismo que concentre la mayor convocatoria, con 260 millones de euros previstos para el primer trimestre y destinados a reforzar el sector, según la hoja de ruta publicada por el Gobierno. La Comisión Europea aprobó recientemente una partida de 47,5 millones del fondo europeo de recuperación para impulsar la digitalización y optimización de los procesos logísticos en las terminales portuarias y estaciones ferroviarias, así como la utilización de tecnologías para la identificación y trazabilidad de material rodante y unidades de transporte intermodal.

Al margen de los programas de infraestructuras –como la segunda edición del programa Único Banda Ancha, que contará de nuevo con 250 millones de euros en ayudas para llevar conectividad rápida a las zonas rurales– dentro de los 750 millones para la extensión del 5G y la transformación digital se incluye a las entidades locales y a la administración central, saturada como consecuencia del aluvión de programas, subvenciones y ayudas aprobadas durante la pandemia.

En este contexto, el Ministerio de Economía contempla literalmente en un documento una primera partida de «400 robots virtuales que se integran con el software existente» en la administración para liberar a los empleados públicos de tareas rutinarias como el cribado de subvenciones, ayudas y todo tipo de expedientes para que puedan realizar tareas de «mayor valor añadido».

La irrupción de los robots y de la digitalización avanzada en la administración pública significará la desaparición de hasta un millón de puestos de trabajo en las administraciones públicas españolas, según apuntan en el estudio «El futuro del Trabajo en la Administración Pública» Andrés Pastor y Pedro Nogales, de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social. Esa cifra se fundamenta en los trabajos de los profesores Frey y Osborne de la Universidad de Oxford, quienes determinaron que casi la mitad de los puestos de trabajo en EE UU estaban amenazados por los robot, y su traslación al mercado español por CaixaBank Research y BBVA Research, con resultados parecidos: sobre 19,5 millones de ocupados, entre 4,9 y 5,5 millones de puestos de trabajo tendrían una probabilidad alta de automatizarse.

De hecho, en la administración el proceso ya está en marcha. En la Seguridad Social ya se emplea la automatización robótica de procesos para sustituir tratamientos manuales en la tramitación de alta de autónomos, consiguiéndose reducir en más de un 80% el tiempo de procesamiento en el proceso robotizado con respecto al equivalente manual.

Un robot software no descansa, puede realizar trabajo durante la noche o los fines de semana y es posible introducir nuevos robots inmediatamente para atender picos de trabajo o incrementar la producción hasta dónde sea necesario. Todo ello a un coste muy inferior al del salario de un empleado público, lo que afectará al equilibrio de las plantillas en un momento en el que se prevé una salida masiva de funcionarios por jubilación en los próximos diez años. Los sindicatos temen que la avalancha de jubilaciones sea paliada, al menos en parte, con robots y exigen ya refuerzos de carne y hueso.

España es el tercer país de la OCDE con la plantilla pública más envejecida, en particular la Administración Central, que cuenta con un más del 50% de la plantilla entre los 50 y 59 años y un 17% que supera los 60 años. Casi 1 de cada 3 personas (más de 6.000 efectivos) se jubilarán en 5 años y 2 de cada 3 en un decenio. «Si en 15 años no entra nadie en la Seguridad Social nos quedamos menos del 20% de la plantilla», denunciaba Ignacio Galán, secretario general de la sección estatal de Seguridad Social de CC OO. «En Madrid falta ya casi el 33% de la plantilla», añadía. En los próximos 12 años se van a jubilar de forma natural alrededor de un millón de empleados públicos. Especialmente llamativa es la situación de la Seguridad Social, que los sindicatos CSIF, CC OO y UGT califican de «siniestro total».

En conjunto, la situación más extrema se da entre los empleados de la Administración General del Estado. Según el último Boletín del personal al servicio de las administraciones públicas, el número de empleados públicos al cierre de julio de 2021 es de 2.728.749. De estos, más de la mitad (59,54%) presta servicio en el sector público de las comunidades autónomas, seguido de un 21,53% en el sector público de la Administración Local y el 18,92% en el sector público del Estado. Un 53,62% es personal funcionario de carrera, un 22,36% es personal laboral y el resto del personal (personal funcionario interino, personal eventual y otro personal) supone un 24%.

Es en la Administración General del Estado donde claramente predomina el personal funcionario de carrera, que supone un 81,75% sobre el total, frente a un 52,42% en las CC AA y un 32,22% en la Administración Local, donde predomina el personal laboral. Según esos datos, apenas el 14% del personal al servicio de la Administración del Estado tiene menos de 40 años, el 43,54% entre 50 y 59 años y un 17,68% entre 60 y 64 años. En total, los empleados públicos con más de 50 años alcanzan nada menos que el 64%.

En los próximos 10 años, el 51% de los funcionarios se jubilará, incluidos los de las comunidades autónomas, lo que da una idea de la necesidad de captar talento y reforzar las estructuras del Estado. Las Administraciones Públicas perderán en los próximos cinco años 330.800 funcionarios por jubilación y, a lo largo de la próxima década, la previsión es que 905.100 alcancen la edad de retiro, lo que supone el 30% de la plantilla actual. Las cifras recogidas por un estudio de Adams Formación a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) elevan la sangría de empleados públicos hasta 1,41 millones en los próximos 15 años, el 44% del total de empleados públicos.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha criticado en numerosas ocasiones el abuso de la interinidad en las administraciones públicas, que asciende a una tasa del 28,2%, dos puntos por encima del sector privado (25,9%). Prácticamente uno de cada cuatro asalariados del sector público es temporal. Esta proporción se dispara a medida que se reduce la edad. Solo 7.000 (0,2%) tienen menos de 20 años, en cuyo caso, la temporalidad asciende al 99,77%. En este sentido, y teniendo en cuenta la avalancha de jubilaciones, CSIF reclama, con motivo de las oposiciones convocadas para la Administración del Estado, un plan de recursos humanos a medio plazo para reforzar las plantillas.

Actualmente, la edad media de incorporación al servicio público en la Administración General del Estado es de 35 años (en 2016 era de 33 años), mientras en el sector privado es de 26 años. Así, entre los ocupados menores de 30 años, hay un empleado público por cada 10 del sector privado, mientras que entre los ocupados de 50 o más años hay un empleado público por cada 3,4 del sector privado. Según el estudio, la Administración de la Seguridad Social se lleva el galardón a la plantilla más envejecida, ya que el 76% de sus empleados (19.800 trabajadores) tiene 50 o más años. En la Administración Central, más del 40% de sus 542.200 efectivos ya ha alcanzado o superado los 50 años de edad. En cuanto a las comunidades autónomas, medio millón de sus empleados se habrán jubilado en 10 años, el 29% del total de la plantilla, y 172.000 en Ayuntamientos y otros entes locales, el 26% del personal actual. Respecto a las empresas e instituciones públicas, en 10 años se habrá jubilado un tercio de su plantilla compuesta por los 147.400 efectivos.

Poco atractivo a los jóvenes

La solución a este escenario pasa por atraer mejor al talento y a las personas más jóvenes. La clave para Adams Formación es conseguir «que perciban el empleo público como una alternativa profesional». Lo cierto es que ser funcionario cada vez resulta menos atractivo. Solo el 13% de los españoles preferiría trabajar en el sector público si pudiera elegir, porcentaje ocho puntos inferior al de 2019, según una encuesta recogida en la «Guía Laboral Hays 2020». La opción preferida para trabajar es la gran empresa multinacional para un 48% de los encuestados, dos puntos más que en 2019. Le siguen las empresas nacionales (14%), el sector público (13%), ser autónomo (13%) y las pymes (12%). El motivo principal es la ambición de tener un recorrido profesional y no estancarse en un funcionariado.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha rechazado la oferta de empleo público de 2021 porque es insuficiente para hacer frente a los graves problemas estructurales en la Administración General del Estado. Miguel Borra, presidente de CSIF, considera que las anunciadas 30.455 plazas «genera solamente 2.500 plazas netas» y ha indicado que «sería necesario recuperar al menos los 50.000 puestos perdidos los últimos 10 años».

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) también ven insuficiente la convocatoria de empleo público para la AEAT a la hora de paliar las bajas por jubilación de los próximos años, pese a que la oferta aprobada este martes por el Consejo de Ministros sea en total un 8,5% superior a la del año pasado. En concreto, los Técnicos de Hacienda alertan de que entre 2021 y 2023, año electoral, se jubilarán 2.017 personas, situación que se agudizará en las dos siguientes legislaturas en las que se jubilarán otros 5.797 y 5.726 empleados, respectivamente. Es decir, en 2031 se habrá jubilado el 54,2% de la plantilla actual de la AEAT.