Los procesos administrativos lastran la transición energética

En todo el año 2021 el Ministerio de Transición Ecológica otorgó solo 9 Declaraciones de Impacto Ambiental favorables, frente a las aproximadamente 300 que pudieron otorgar las Comunidades Autónomas.

La invasión de Ucrania ha puesto claramente de manifiesto la importancia de la seguridad y la autosuficiencia energética de Europa. Un objetivo que es plenamente compatible con la descarbonización de la economía. Ambas metas pueden alcanzarse acelerando la instalación de nueva capacidad renovable, que permita romper la dependencia energética de terceros.

Europa importa en la actualidad el 90% del gas natural que consume, y de ese total más de un 45% proviene de Rusia. En el caso español, el 100% del gas y el petróleo son importados. Los combustibles fósiles aún suponen dos tercios del consumo energético final del país.

Entre las claras ventajas del nuevo modelo energético –además de la notable contribución a la lucha urgente contra el cambio climático– figura también un menor coste de la energía, ya que las infraestructuras para producir energía limpia requieren una menor inversión que las alimentadas por combustibles fósiles.

Para poder llevar a cabo este cambio de paradigma, es necesaria una clara voluntad política que fije marcos estables a largo plazo y elimine los obstáculos a las inversiones en energías limpias para acelerar la transición energética.

Los trámites administrativos son, hoy por hoy, el principal cuello de botella para el desarrollo de nuevas instalaciones renovables en España.

Frente al discurso oficial de respaldo a las energías limpias, la realidad indica que la administración central está frenando la transición energética por la vía de los hechos.

El Ministerio de Transición Energética es el encargado de dar luz verde a aquellos proyectos renovables con más de 50 MW de capacidad o cuya instalación está proyectada en dos o más autonomías. El resto son evaluados por las Comunidades Autónomas.

Este proceso para decidir sobre la concesión de la Declaración de Impacto Ambiental y la Autorización Administrativa de Construcción se llega a alargar más de 4 años en el caso de solicitudes presentadas en el Ministerio.

En esta etapa se analiza la parte técnica y el inventario ambiental de las nuevas plantas de generación renovable, cuya preparación y elaboración completa requiere no más de un año, siendo fundamental crear un proyecto que respete y minimice el impacto en el medioambiente (proyecto técnico, estudio de impacto ambiental EIA, inventarios de flora y fauna, etc).

Cabe destacar que, una vez conseguidos los permisos, la ejecución de nuevos desarrollos renovables oscila entre los 6 y los 12 meses (en función de su tamaño), desde el inicio de construcción hasta su puesta en marcha.

Como consecuencia de esta falta de agilidad, en el último ejercicio el Ministerio de Transición Ecológica se otorgaron únicamente 9 Declaraciones favorables. Un número muy inferior a las otorgadas por las Comunidades Autónomas, que sumaron 300 Declaraciones.

Esa situación no se repite en otros países de Europa. Sirva como ejemplo el caso de Italia, donde en los últimos años se ha registrado una fuerte aceleración en el proceso de permisos. Así, en 2021 se autorizaron más de 3.000 nuevos MW eólicos y fotovoltáicos, casi el doble que lo acumulado en los dos años anteriores (750 MW en 2019 y 807 MW en 2020).

La necesaria aceleración de los trámites administrativos es además un punto fundamental para solucionar el problema actual de los precios de la electricidad. Con más fuentes renovables se reduce la necesidad de generar electricidad utilizando gas.

El freno en el desarrollo de las renovables es contrario también al plan de la Comisión Europea para que Europa sea independente de los combustibles fósiles rusos mucho antes de 2030, empezando por el gas. De hecho, el plan REPowerEU que propone la CE tiene entre sus pilares aumentar las energías renovables y la electrificación, resolviendo los cuellos de botella de las infraestructuras.