Los ayuntamientos podrán cobrar un peaje por circular en las zonas de bajas emisiones

La Ley de Movilidad que prepara el Gobierno habilitará a los consistorios para implantar esta tasa

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, interviene en una sesión de control al Gobierno
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, interviene en una sesión de control al Gobierno FOTO: A. Pérez Meca Europa Press

Los ayuntamientos que lo deseen podrán cobrar por circular por las zonas de bajas emisiones (ZBE). Así lo recogerá la Ley de Movilidad que está preparando el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), según ha confirmado la responsable de esta departamento, Raquel Sánchez durante la presentación del Global Mobility Hub.

La ministra ha explicado que la norma, que el Ejecutivo espera tener aprobada antes de que finalice el año, facultará a los ayuntamientos de las medianas y grandes ciudades a cobrar esta tasa si así lo desean. Y es que la nueva Ley de Cambio Climático establece que, antes de que acabe este ejercicio, todas las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes y aquellas que muestran insuficiente calidad del aire tendrán que crear zonas de este tipo.

La posibilidad de cobrar peajes de este tipo, como ya informó LA RAZÓN en su edición del pasado 20 de noviembre, ya venía recogida en el documento «Directrices para la creación de zonas de bajas emisiones» del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que dirige Teresa Ribera. En su apartado de «Criterios de acceso y circulación», el documento asegura que «el acceso y circulación en la ZBE puede incorporar el pago de una tasa o peaje, cuya cuantía puede además varias en función de las condiciones del vehículo, en función del principio quien contamina, paga».

Medida efectiva y recaudatoria

A renglón seguido, las directrices argumentan a favor de estas tasas asegurando que «el peaje aparece como una medida efectiva para estimular el cambio modal y reducir el volumen de tráfico, puesto que traduce los impactos negativos del automóvil a términos económicos claramente perceptibles por la ciudadanía». El ministerio considera que el peaje urbano «genera un flujo de ingresos económicos constante que puede sustentar actuaciones persistentes en la mejora del espacio público para la movilidad peatonal, en el desarrollo de infraestructura ciclista y para el transporte público, así como la mejora del servicio de transporte público». En este sentido, concluye, «es una medida que ayuda a la redistribución de recursos, coherente con la pirámide de movilidad».

La estrategia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para expulsar a los vehículos de las ciudades no pasa solo por la implantación de zonas de bajas emisiones (ZBE), sino también por encarecer el coste de aparcar en las ciudades. En los criterios de aparcamiento de las Directrices para la creación de zonas de bajas emisiones, se asegura que, como en el caso de los peajes de acceso a las ciudades, “el sistema de estacionamiento regulado puede constituirse como una herramienta eficaz para reforzar la implementación de una ZBE”. El Departamento que dirige Teresa Ribera, al respecto de cómo implantar estos sistemas de aparcamiento, sugiere a los ayuntamientos que “se puede plantear una tasa o impuesto anual de elevada cuantía para permitir estacionar en la calle”.