España despilfarra 60.000 millones de euros cada año en gasto público ineficiente

Las elevadas cifras de déficit y deuda pública, así como una inflación desbocada en nuestro país, dejan en entredicho la eficiencia del gasto público en España. En este sentido, la irrupción del coronavirus hizo que en 2020 este gasto superase el 50% del Producto Interior Bruto (PIB) y que nuestro país pasara a ser la segunda economía que más ha incrementado su nivel de gasto público en porcentaje del PIB por detrás de Grecia.

En este sentido, tanto el exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, como el presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, han reclamado evaluar la eficiencia del gasto público en España en la sesión organizada este martes por el Consejo General de Economistas (CGE) y el IEE para reflexionar sobre esta temática.

Jordi Sevilla considera que el debate sobre la eficiencia del gasto debería hacerse al margen de la situación coyuntural, mientras que Íñigo Fernández de Mesa estima que España podría reducir su gasto público un 14%, lo que equivale a unos 60.000 millones de euros, y seguir ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos.

Pese a que en la actualidad se esté reduciendo de forma histórica el déficit público, esto se debe a que previamente tuvo una subida importante, por tanto, “la situación que estamos viviendo en España implica que es necesario una reducción del déficit público”, ha asegurado Iñigo Fernández de Mesa.

En este contexto, Iñigo afirma que el déficit público estructural de España es el más elevado de la Zona Euro, el cuál ha ido “aumentando peligrosamente” hasta situarse en cifras del 5%. Por tanto, ante esta situación sostiene que no queda “más remedio” que reducir el déficit público, ya que en caso de que no se haga una señal, “costará financiar” este déficit.

Sumado a esto, el presidente de IEE ha señalado que es “absolutamente indispensable” la eficiencia del gasto público, ya que supone un “deber” de los gobernantes ante unos “contribuyentes que hacen ya un gran esfuerzo por financiar el estado de bienestar”. “Si el contribuyente percibe que su dinero está usado de manera eficiente, estoy seguro que la economía sumergida disminuirá porque habrá mucho más compromiso del contribuyente con los servicios que se presentan”, sostiene Fernández de Mesa.

No obstante, por su parte, el exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla opina que para mejorar la eficiencia no significa reducir el déficit público, sino que ha instado a todos los gobiernos “a poner en marcha políticas de evaluación del gasto público”. Asimismo, Sevilla considera que el nivel gasto en España está por debajo de la Unión Europea y que el precio de pagar impuestos es el precio de “vivir en civilización”.

Frente a esto, Íñigo Fernández de Mesa ha señalado que las subidas impositivas “no son un mecanismo adecuado de consolidación fiscal”, ya que en muchos casos terminan suponiendo un efecto contrario al deseado, con un mayor incremento del déficit y de la deuda.

“A largo plazo un ajuste fiscal de un punto del PIB de aumento de impuestos puede generar a medio plazo una disminución del crecimiento de dos, mientras que el ajuste vía gastos tiene un pacto muy limitado en el corto plazo, incluso en el largo plazo si esos recursos se utilizan para mejorar el crecimiento económico generan una mejora en la cuestión fiscal”, ha explicado Fernández de Mesa.

Sevilla considera que el IMV no se está desarrollando “adecuadamente”

De acuerdo con Jordi Sevilla, en esta legislatura se han aprobado 140 leyes, por o que sostiene que “no basta” con la ley, sino que estas se cumplan, poniendo omo ejemplo el Ingreso Mínimo Vital que, en su opinión, “es una buena ley pero que no se está desarrollando adecuadamente”.

En cuanto a reformas estructurales, Sevilla considera adecuadas las propuestas en el último informe anual del Banco de España, siempre y cuando estas garanticen una mayoría suficiente de reformas y una garantía de que se puedan aplicar en el tiempo.

De su lado, Íñigo Fernández de Mesa considera que “habría que implementar mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas; gestión profesionalizada e independiente, con evaluación constate de actuaciones, fomentando la colaboración público-privada y favoreciendo la corresponsabilidad fiscal y la colaboración entre administraciones; dotando de mayor flexibilidad y orientación al mérito profesional; presupuestando conforme a consecución de objetivos; y mejorando su digitalización”.