Banco de España: «Hoy somos más pobres de lo que éramos antes del incremento de los precios energéticos»

«Hoy somos más pobres de lo que éramos antes del incremento de los precios energéticos. Hay una clara pérdida para el país. Y esta pérdida es ineludible». Con esta contundencia el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, dejó muy claro que la pandemia, el impacto de la guerra de Ucrania, los cuellos de botella de la distribución y la inflación galopante –«con una subyacente más alta de lo esperado», reconoció– ha desatado una «situación de incertidumbre» y una tormenta perfecta ante la cual «lo único que podemos hacer es repartir».

De Cos hizo esta reclamación en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso para analizar la situación económica de España tras la publicación del Informe Anual 2021 de la entidad supervisora. En ella, no eludió ningún aspecto y anunció que en unos días el Banco de España va a revisar a la baja sus previsiones de crecimiento para la economía española este año ante un «escenario de incertidumbre», para el que recomienda «moderación salarial» a través de un «pacto de rentas» que reparta la carga, y una política fiscal selectiva para las familias más vulnerables. El gobernador insistió en la necesidad de «implementar un plan de consolidación fiscal» una vez superada la pandemia y la guerra porque el actual nivel de deuda pública supone una «fuente de vulnerabilidades» y un obstáculo para la recuperación.

En este sentido, advirtió de que la ratio de deuda seguirá al alza si no se implementa «un plan de ajuste fiscal ambicioso». Y puso un ejemplo clarificador: si el saldo estructural se reduce medio punto de PIB cada año, se podría reducir deuda al 82% del PIB en apenas dos décadas, en 2040.

Aunque el gobernador consideró positivas las medidas anticrisis y fiscales puestas en marcha el Gobierno, volvió a reiterar su advertencia de que éstas deben ser «temporales» y «focalizadas en las necesidades de los hogares de rentas más bajas y empresas más vulnerables, que son los que más padecen el impacto de la inflación», teniendo en cuenta el endeudamiento público y el «impacto asimétrico» entre sectores, empresas y familias.

Para evitar una «realimentación del proceso inflacionista», De Cos pidió evitar el uso muy extendido de las cláusulas de indexación automáticas en las partidas de gasto, refiriéndose a los incrementos salariales y a la subida de las pensiones, sobre los que recomendó no indexarlos con la subida del IPC.

Por otro lado, el máximo responsable del Banco de España ha vinculado el retraso en la recuperación de la economía española frente al resto del área euro por su «especialización productiva», demasiado dependiente de los sectores que han estado más afectados por la crisis -turismo, comercio u ocio-, que han evolucionado «peor» respecto a otras regiones. Aunque no es la única causa. También recordó que esta brecha se refleja en otras ramas, como el comercio, el transporte, hostelería, construcción y actividades profesionales y administrativas, así como en las ramas industriales.

Aunque avaló algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno como los ERTE y los programas de avales del ICO, criticó otras como el programa de ayudas directas a pymes, ya que “solo habría contribuido a corregir una parte reducida de los problemas de solvencia que, como consecuencia de la crisis sanitaria, surgieron en estas empresas”.

Hernández de Cos también abogó por “una respuesta fiscal común” de los países de la Unión Europea a los efectos de la guerra en Ucrania, que incluya “la mutualización del gasto público”, que se elevará por culpa de la guerra y que provocará perturbaciones que “podrían ser abordadas de forma más adecuada a través de un refuerzo de la coordinación entre países” europeos para asumir de forma conjunta esos gastos.

Respecto a la vivienda, ha abogado por vigilar el mercado inmobiliario ante el efecto que la inflación puede tener sobre la capacidad económica de las familias y las condiciones financieras, además de insistir de nuevo en que el control de alquileres podría ser “contraproducente”, ya que según la nueva legislación aprobada por el Gobierno se ha producido en el mercado del alquiler una “inseguridad jurídica” que puede “reducir la oferta” y, por tanto, elevar los precios, objetivo contrario al que se pretendía conseguir.