El Gobierno ejecuta menos del 4% de las inversiones con fondos europeos para este año

La ejecución de los fondos europeos asociados al Plan de Recuperación y Resiliencia acumula retrasos y falta de ejecución presupuestaria, en contra de lo que ha defendido hasta ahora la vicepresidenta de Asuntos Económicos del Gobierno, Nadia Calviño, que aseguró que en el primer semestre de este año la inversión de estos fondos tomaría “velocidad de crucero”. Pues según los datos del informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) -que depende directamente del Ministerio de Hacienda- sobre ejecución presupuestaria de estos fondos -a la finalización del mes de abril- apenas se han aplicado 2.468 millones de euros, menos de un 9% del total. Y eso que se ha incrementado en 1.125 millones las partidas vinculadas al Plan sobre lo ya presupuestado para 2022, que ha pasado de los 26.900 millones asignados a inversiones a 28.025 millones, vinculados al Mecanismo Europeo de Recuperación.

Pero de esos 2.468 millones, apenas 1.587 millones -un 5,66% de los créditos definitivos- se refieren a inversiones previstas, de las que apenas se han asignado 57 millones de euros de gasto ejecutable para este año, menos de un 4% del total previsto. Estas cifras han llevado al PP a tachar de “muy decepcionante” y “muy grave” esta falta de inversión, que ha denominado como un “efecto bola de nieve por la incapacidad para gestionar”. Según denuncian desde el primer partido de la oposición, “vamos camino de la mitad del año y apenas se han repartido unos millones entre los gobiernos regionales, pero nada ha llegado a la economía real, a las empresas”.

Y los datos del IGAE así lo ratifican: 500 millones se han asignado a la construcción de viviendas de alquiler social en las comunidades autónomas; otros 378 para rehabilitación de edificios públicos; y otros 512, para planes de sostenibilidad turística. Estos son los tres pagos principales. Pero estos recursos que el Estado pretende transferir a las administraciones territoriales, las empresas públicas y a los organismos autónomos para desarrollar los proyectos presentados se han hecho de forma directa, sin que se sepa si su aplicación entrará en el circuito de la economía real, la que llega a empresas y hogares, la gran asignatura pendiente de todo este maná diseñado por el tándem Calviño-Montero.

Y si se habla de los fondos liberados por Hacienda para uso de los correspondientes ministerios, la situación no es mucho mejor, ya que del montante autorizado (9.500 millones), se han destinado a proyectos licitados o en concurso menos de 5.900 millones y, de ellos, únicamente los 2.468 millones citados anteriormente llegarán a las pymes en forma de contrato público, ya que todas esas inversiones aún no se han consolidado.

Ante esta situación, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, achacó ayer a “dos años muy difíciles” las dificultades para licitar y ejecutar las inversiones en los últimos dos años, para defender que, por ejemplo, Cataluña está liderando este año las inversiones, con 165,9 millones ejecutados en el primer trimestre, que son un 60% más que en 2021. Hizo esta afirmación a raíz de las duras críticas del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que exigió explicaciones “inmediatas” ante las “cifras inaceptables” de inversiones ejecutadas por el Estado en Cataluña el pasado año. Rodríguez reiteró que “en todas las licitaciones ha sucedido que hemos tenido dos años muy difíciles, en los que se paró el mundo, se paró la economía, lo paramos todo y por lo tanto eso ha tenido una repercusión también en las inversiones publicas de todas las administraciones”.

Las quejas de la Generalitat se han producido después de conocerse en el informe del IGAE que el Estado ejecutó el año pasado en Cataluña un 35,77% de la inversión prevista, mientras que Madrid logró una ejecución del 183,9%, la más alta de todas las comunidades, y que la región catalana fue la comunidad en la que quedaron sin ejecutar más fondos, un total de 1.328 millones de euros, y en la que el porcentaje de ejecución fue menor, por delante en este caso de Asturias (40,51%), Andalucía (41,87%) y la Comunidad Valenciana (42,34%).