La pymes, en situación crítica: costes disparados, menos productividad y rentabilidad bajo mínimos

“La pequeña y mediana empresa española atraviesa la situación más difícil que ha vivido el tejido empresarial desde 2014″. Así de pesimista es la conclusión principal del Indicador sobre la Situación de la Pyme llevado a cabo por Cepyme para medir las fortalezas y vulnerabilidades del tejido empresarial español, un análisis que incluye variables como productividad, costes, el crédito, la solvencia y la competitividad. Así, la patronal de la pymes ha constatado que la empresa española da muestras de “haberse quedado descolgada de la recuperación”. Aunque muestra más actividad, es “mucho menos rentable”, una situación que se ha agravado desde principios de 2022 por la crisis inflacionaria, por la que las pymes se estén viendo “arrastradas por los elevados costes” que tienen que afrontar los empresarios, una “importante pérdida de productividad” y, en general, por “una menor rentabilidad”.

Este indicador de situación empresarial de 2021 se sitúa en los 5,4 puntos sobre 10, el mismo nivel que tenía hace ocho años. El aumento de los costes totales, especialmente los suministros y la energía, es más rápido que el de las ventas. En concreto, los costes totales subieron un 23% en el primer trimestre de 2022 mientras que la facturación lo hizo un 19,8%, lo que reduce los márgenes empresariales y deriva en un “empeoramiento de la liquidez y de la competitividad de la empresa”. En el caso de las empresas más pequeñas -las de menos de 50 empleados- la situación fue aún peor y el avance de los costes escaló al 26,2%.

También se han disparado los costes laborales, que crecieron en 2021 un 5,1% -eliminando el efecto de los ERTE-, y esta situación se ha agravado durante el primer trimestre de este año, aumentando cinco décimas más, hasta un 5,7% de media. Sin embargo, en el caso de las empresas más pequeñas, la situación fue aún peor y sufrieron un incremento mayor, con una subida del 6,3% frente al 4,1% de las medianas. Desde Cepyme advierten de que las cotizaciones sociales se han elevado “de forma exponencial” en los últimos años, marcadas por un despegue de los sueldos debido a los “incrementos del salario mínimo desde 655,2 euros en 2016 hasta 1.000 euros en 2022, a las revalorizaciones anuales de salarios pactadas en convenio, y a la presión al alza que supone en los sueldos la falta de trabajadores para ocupar determinados puestos”.

El informe destaca que la media del salario ordinario bruto de las pequeñas en el primer trimestre de este año fue de 1.505 euros, mientras que en las medianas fue de 1.875 euros. Cepyme reitera que esta subida de los costes laborales, además de al “fortísimo incremento” del salario mínimo, se debe a la “inflación” en los convenios colectivos y “la dificultad para ocupar determinados puestos”.

El informe apunta también el incremento de costes en servicios -el coste del transporte ha subido un 19,5%- e insumos, es decir, los bienes necesarios para realizar la actividad empresarial. Dentro de los insumos destaca el crecimiento del coste en energía, que escala al 114,2% respecto al primer trimestre de 2021, mientras que el crecimiento de los bienes intermedios y los bienes de equipo fue más moderado, un 22,2% y un 4,6%, respectivamente.

También se pone de manifiesto en este estudio que “las empresas pequeñas tienen una productividad media inferior, motivo por el cual sus salarios son más bajos que en las grandes empresas”. Esa menor productividad hace que una subida generalizada de salarios, como ocurre ahora, sea “más difícil de sobrellevar” para las pymes. De hecho, resaltan que muchas de estas empresas han tenido que asumir estas subidas salariales a costa de reducir los márgenes, ya que “las ventas por ocupado, en las empresas medianas, son en el primer trimestre de 2022 similares a las de 2015, cuando los salarios son casi un 9% más altos”.

Precisamente, una de las grandes lagunas detectadas entre las pymes es la rentabilidad neta sobre el activo, que se situó en el 3% al cierre del año pasado y suma su octavo descenso interanual. El informe estima que esta cifra incluso caerá en 2022 por el encarecimiento de los costes. Esta rentabilidad se ha “desplomado” exponencialmente, situándose en niveles de hace seis años, poniendo fin a la recuperación que se había iniciado en 2013 tras la gran crisis financiera tras el impacto de la pandemia, cuando estaba en 3,7%.

En este contexto, con el mayor aumento de costes en décadas, la ralentización del crecimiento de las ventas reales y del crédito, y una productividad cada vez más debilitada, Cepyme avisa de que las empresas “son cada vez menos rentables, su rentabilidad se ha desplomado y ha vuelto a niveles de 2016″. A esto suma que la falta de actividad en la pandemia “les obligó a endeudarse, lo que compromete en algunos casos su viabilidad”. De hecho, la prima de riesgo que sufre la pyme tiende a elevarse desde 2020, que “unido a un escenario de inminente subida de tipos por parte del Banco Central Europeo, un endurecimiento de las condiciones crediticias que ya se empieza a apreciar y el agotamiento de la moratoria concursal”, anuncia terribles consecuencias de viabilidad empresarial en los próximos meses, pese al incremento del empleo.

La patronal también previene de que el tejido productivo español se encuentra “descapitalizado y en peores condiciones que las compañías de otros países europeos para hacer frente a la ralentización económica”, ya que en los países de nuestro entorno no sufren “la falta de ayudas directas efectivas”, la que se han aprobado “son de menor cuantía” y la “burocracia ha provocado que las pymes españolas sufran una peor salud que las del resto de la UE” y ha aumentado su vulnerabilidad. A su juicio, estos “problemas estructurales” explican que la empresa española sea “un 30% menor que la europea”, tras volver a caer en número de empleados por debajo del nivel que tenía en 2018.

Por todo ello, Cepyme exige al Gobierno y a las Administraciones una “actuación urgente -en los tres ámbitos: tributario, normativo y crediticio- para facilitar la adaptación de las pymes”, donde trabajan casi nueve millones de personas, “a un entorno económico que tenderá a complicarse por la evolución de la situación financiera, el fin de la moratoria concursal o la cronificación de la inflación debido a los efectos de segunda vuelta que generan la traslación del IPC a salarios”. Asimismo, desde la Confederación se insta al Gobierno a llevar a cabo políticas que “fomenten una mayor productividad y competitividad en las empresas” en lugar de optar “por medidas cortoplacistas que penalizan la actividad empresarial”.