La UE aprueba la propuesta ibérica para limitar el precio del gas

La Comisión Europea dio ayer luz verde a la denominada “excepcionalidad ibérica” que permitirá a España y Portugal imponer un tope al precio del gas en el mercado mayorista de las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles. El objetivo reside en que esto se traslade a los consumidores finales de tarifa regulada, que verán reducidos los montantes de las facturas de la luz, tras meses de precios desorbitados.

Esta medida excepcional entrará en vigor el próximo 14 de junio y costará 8.400 millones de euros (6.300 en el caso español y 2.100 en el portugués). Permanecerá vigente hasta el 31 de mayo de 2023, con la meta de que siga teniendo efecto durante la temporada de invierno

El precio máximo para los operadores mayoristas será de una media de 48 euros MWh. Durante los primeros seis meses, esta cifra será de 40 euros para ir encareciéndose progresivamente cinco euros cada mes hasta llegar a los 70 euros el último mes. Bruselas ha dado su visto bueno a esta medida al considerar que no supone una distorsión de la Competencia en el mercado único debido al bajo nivel de interconexiones entre la Península Ibérica y el resto del Continente ( no llega al 3%) que reduce significativamente la capacidad de transportar el gas. En la cumbre del pasado mes de marzo, los líderes europeos dieron su visto bueno a esta iniciativa como una solución ad hoc al incremento de los precios de la electricidad en España y Portugal, agravado por la guerra en Ucrania.

Según el comunicado del Ejecutivo comunitario, esta medida es “apropiada, necesaria y proporcionada” y no “va más allá de lo necesario para abordar los excepcionalmente altos precios de la electricidad en al Península Ibérica”. Además, Bruselas recalca que tendrá una “naturaleza estrictamente temporal”.

La vicepresidenta ejecutiva, Margrethe Vestager, responsable de la política de competencia, ha declarado que además de reducir los precios y preservar la integridad del mercado único, “permitirá disponer de cierto margen de tiempo para adoptar reformas que aumenten la resiliencia futura de su sistema eléctrico, en consonancia con los objetivos del Pacto Verde, y, en última instancia, mitiguen aún en mayor medida los efectos de la crisis energética sobre los consumidores finales».

Apreciación de la Comisión

Según detalla la Comisión se ha evaluado la medida con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, en particular el artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE, en virtud del cual, los Estados miembros pueden conceder ayudas a empresas o sectores específicos para poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro. La Comisión ha concluido que la medida se ajusta a las normas de la UE sobre ayudas estatales. En particular, la Comisión ha constatado que la medida:

• Difiere de otras modalidades de intervención de precios debido a las circunstancias particulares del mercado mayorista ibérico de la electricidad. En concreto, la limitada capacidad de interconexión de la Península Ibérica, la elevada exposición de los consumidores a los precios mayoristas de la electricidad, así como la elevada influencia del gas en la fijación de los precios de la electricidad han provocado una perturbación especialmente grave de las economías española y portuguesa.
• Es adecuada, necesaria y proporcionada. En particular, la medida reducirá los precios mayoristas de la electricidad en favor de los consumidores, sin afectar a las condiciones comerciales en forma contraria al interés común. Por otro lado, la medida no va más allá de lo necesario para hacer frente a los precios excepcionalmente elevados de la electricidad en la Península Ibérica.
• Tiene un carácter estrictamente temporal, ya que solo se aplicará hasta el 31 de mayo de 2023.

Además, la medida aprobada hoy reduce al mínimo el falseamiento de la competencia y evita posibles efectos negativos en el funcionamiento de los mercados de la electricidad al contado y a plazo. Por otro lado, en consonancia con las normas del mercado interior, la medida no da lugar a restricciones transfronterizas al comercio ni a discriminación entre consumidores ibéricos y no ibéricos.