Ayudas

Díaz propone un cheque de 300 euros para familias vulnerables y rebajar el abono transporte un 50%

Insiste en que la bonificación de los carburantes se haga según el nivel de renta

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la reunión de ministros de Empleo de la UE
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la reunión de ministros de Empleo de la UEMINISTERIO DE TRABAJOMINISTERIO DE TRABAJO

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha planteado que la prórroga del decreto ley para frenar el impacto sobre los precios de la guerra en Ucrania incluya nuevas medidas como una rebaja del 50 % del abono transporte o un cheque de 300 euros para familias vulnerables.

La vicepresidenta ha publicado en su cuenta de Twitter que el mencionado decreto, en vigor desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, debe ser renovado para los próximos tres meses con un refuerzo de la protección de la ciudadanía y con medidas que potencien la transición energética. Asimismo, ha propuesto establecer un mecanismo que permita graduar la bonificación al precio de la gasolina y del gasóleo no profesional según el nivel de renta de las personas beneficiadas. Una medida, esta última, que en principio ha rechazado el Ministerio de Hacienda, que ha asegurado que el decreto no se modificará en lo que a este punto respecta.

También que las grandes empresas energéticas hagan “una contribución extra”, con un recargo de 10 puntos el tipo de sociedades que permitiría recaudar entre 1.500 y 2.000 millones.

El pasado mes de marzo Podemos ya propuso un “plan de emergencia energético”, que incluía un cheque o bono energético de 300 euros para 19 millones de familias en España, lo que tendría un coste que estiman en 5.700 millones de euros. Esta propuesta se inspiraba en una medida que ya se ha puesto en marcha en Francia (100 euros para quienes ganen menos de 2.000 euros al mes).

Previamente, en enero, la formación ya reclamó un recargo de 10 puntos en el tipo del impuesto de sociedades para las compañías eléctricas que facturen más de 10.000 millones de euros dentro de una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a hacer una reforma fiscal.