Retrasar la edad de jubilación aumenta hasta cinco puntos la mortalidad antes de los 69 años

La reforma de las pensiones se hizo efectiva a principios de año, trayendo consigo numerosos cambios, como los incentivos por atrasar la edad de jubilación, una de las grandes metas del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.

En este sentido, muchos países han reformado su sistema público de pensiones para hacer frente a una pirámide poblacional cada vez más envejecida y mantener de esta forma la solvencia financiera.

Por tanto, pese a que la edad de jubilación es ansiada por muchas personas, en algunas ocasiones estos prefieren demorar esta jubilación, para así aumentar su cotización. Tanto es así, que importe medio del cheque en forma de pago único que está abonando actualmente la Seguridad Social por demorar la jubilación más allá de la edad legal ronda los 20.000 euros, tal y como aseguró el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo.

No obstante, no es oro todo lo que reluce, ya que el retraso de un año en la salida del mercado laboral puede “aumentar significativamente”, en cinco puntos porcentuales, el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años, de acuerdo con las conclusiones del estudio “El impacto de la edad de jubilación sobre la mortalidad”, publicado este lunes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

En este contexto, el análisis de este trabajo se centra en una muestra de individuos que comenzaron a cotizar en 1966 y 1967, comparándolo con los que comenzaron entre un año antes y uno después del 1 de enero de 1967, momento en el que se modificó la edad de jubilación anticipada en España en función de la fecha en la que los trabajadores comenzaron a cotizar al sistema de Seguridad Social.

El estudio por tanto concluye que el riesgo de fallecimiento afecta sobre todo no solamente a las profesiones más exigentes físicamente sino también a aquellas más expuestas al estrés emocional y mental. No obstante, este disminuye en el caso de los trabajadores que cuentan con acceso a mecanismos de jubilación parcial y pueden reducir sus horas de trabajo a partir de determinada edad.

Por tanto, aquellos trabajadores del estudio que comenzaron a cotizar después de enero de 1967 “tienen 2,5 puntos porcentuales más de probabilidad de morir antes de solicitar una pensión”.

Asimismo, este análisis muestra otros factores que pueden incidir en los efectos negativos de retrasar la publicación como puede ser la carga física o psicosocial, la autovaloración en el trabajo y el nivel de cualificación profesional.

En este sentido, el aumento de la mortalidad es mayor para los trabajadores de sectores con alta intensidad de accidentes laborales. Además, este se incrementa también en aquellos sometidos a estrés mental y social antes de la jubilación. En estos casos, el riesgo de muerte entre los 60 y los 69 años es 5,3 puntos porcentuales superior para las personas con trabajos de alta carga psicosocial, mientras que en el caso de aquellas profesiones con baja carga es de 3,6 puntos porcentuales.

El reconocimiento laboral y la sensación de logro son otros dos factores que afectan a las probabilidades de morir antes en el caso de un retraso de la jubilación, sobre todo entre los profesionales de sectores de baja autovaloración.

Asimismo, Fedea también apunta en este análisis que el retraso de un año en la salida el mercado laboral incrementa el riesgo de morir en 6,6 puntos porcentuales entre los trabajadores “de cuello azul”, como obreros, operarios o mecánicos. En otras profesiones, ese riesgo es de 3,2 puntos.

“Los resultados muestran que este tipo de reformas pueden tener un impacto negativo en la salud de la población, y una evaluación general de los efectos de bienestar de dichas políticas debería tener en cuenta estos efectos sobre la salud”, explican en el análisis.

Por tanto, ante esta situación, desde la fundación recomiendan combinar la jubilación flexible con el aumento de la edad legal de jubilación como “una buena política para mitigar el coste” que supone para el sistema sanitario público, así como permitir la jubilación anticipada en los sectores agotadores física o mentalmente.