El “impuestazo” a las eléctricas (que pagarán los consumidores) apunta a 2023

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido hoy aplicar en el marco del próximo ejercicio tributario el nuevo “impuestazo” a las eléctricas que, según los expertos consultados por este diario, pagarán “de una u otra forma” los consumidores, si no en su totalidad, en buena parte. Montero ha considerado que, pese a todo, es “de justicia” que las grandes eléctricas “paguen una mayor parte” en impuestos porque han tenido más beneficios por los elevados precios de la luz, aunque las energéticas se defienden afirmando que sus contratos son a largo plazo y que la mayoría de sus clientes están en el mercado libre. Montero apuesta por aplicar este recargo tributario al inicio del próximo ejercicio fiscal, que arranca el 1 de enero.

Sobre la propuesta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de fijar un recargo de diez puntos sobre el Impuesto de Sociedades -que tiene un tipo del 25 % salvo para banca y petroleras, que es del 30 %-, Montero ha apostado por un recargo sobre “un rendimiento real” porque “a veces el vehículo del impuesto de sociedades no es el que aporta el mayor rendimiento”, aunque en su intervención en TVE no ha explicado qué figura tributaria será la encargada de recaudar esos supuestos “beneficios extraordinarios”.

”La fiscalidad no siempre se puede regular a través de un decreto ley o del proyecto de presupuestos” -un impuesto nuevo requiere un proyecto de ley-, algo que dependerá del “vehículo” que se elija finalmente. Lo más importante, según ha dicho, es que se pueda aplicar “al inicio del ejercicio fiscal” y que se realice “de forma que realmente permita una aportación efectiva”.

Rebaja del abono transporte y más cheques

Cuestionada por el resto de medidas que volvió a reclamar ayer Díaz -como la rebaja del 50 % del abono transporte o un cheque de 300 euros para familias vulnerables- Montero ha incidido en que sigue abierto el diálogo dentro del Gobierno de coalición y que “no se descarta” nada. Montero ha incidido en que el Ejecutivo busca que las medidas sean “más rápidas y eficaces” y que, además de a los más vulnerables, protejan a la clase media.