Amenaza sindical: alza de sueldos con el IPC u otoño caliente; plante patronal: no a las cláusulas de revisión; y oferta de Calviño: pacto de rentas a tres años

Guerra sindical si no se garantiza el poder adquisitivo de los trabajadores. Sin tapujos, las dos principales organizaciones volvieron a lanzar ayer una advertencia a la patronal y a la propia ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que convocó una reunión de urgencia en las dependencias ministeriales para lograr que ambas partes asienten el pacto de rentas e intentar desbloquear el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), roto por la diferencia «insalvable» de la cláusula de revisión salarial, que exigen CC OO y UGT y que rechaza de plano CEOE, que ha puesto en ello una línea roja «que no vamos a traspasar».

Tras la reunión, no hubo acuerdo para ninguna de las dos cosas. Calviño se limitó a confirmar a la salida de Ministerio que ha planteado a los agentes sociales un pacto de rentas hasta 2025, que pasa por una «moderación» de rentas salariales y empresariales para hacer frente a la escalada inflacionista. «Desde el Gobierno pensamos que un acuerdo a tres años vista es la contribución que necesita la economía española para volver a abordar el pacto de rentas ante un escenario complejo de cara a los próximos trimestres». También ha propuesto incluir en el pacto de rentas la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para contentar a los sindicatos.

Pero sus palabras no parecen haber ablandado a ambas partes. Ambos sindicatos se niegan a renunciar a una subida salarial en el entorno del IPC y advierten de un «otoño tenso», pleno de conflictividad labora, «con huelgas y manifestaciones si se siguen oponiendo a proteger el poder adquisitivo de los trabajadores». Ayer mismo y horas antes de reunirse con Calviño, continuaron con la campaña de movilizaciones iniciada a comienzos de junio para tensionar las mesas de negociación de los convenios colectivos. Ante la sede de CEOE en Madrid, los secretarios generales de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, emplazaron a la patronal a sentarse de nuevo en la mesa de y pactar un marco salarial que sirva de referencia a la hora de negociar los convenios colectivos. Pero la recuperación de las cláusulas de garantía ligadas a la inflación les separa. Es una cuestión «imprescindible» para los sindicatos e «inadmisible» para la patronal.

Por su parte, los empresarios también mantienen inamovibles sus postulados. La ministra no ha conseguido arrancar ni un paso adelante que permita llegar a un acuerdo y CEOE continúa negándose a aceptar la cláusula de revisión y a indexar las subidas al IPC para «evitar los efectos de segunda ronda que generen pérdidas de competitividad en las empresas». No niegan que los sueldos tienen que subir, pero «sin revisiones automáticas» que generen una estadio mayor de inflación, ya que condicionaría la negociación colectiva y «no todos los sectores pueden permitírselo», explicaron desde CEOE.

Los empresarios rechazaron de plano la última proposición sindical de una subida del 3,4% para 2022 y una recomendación del 2,5% para 2023, con una parte variable con la evolución del IPC de 2022 hasta llegar a un mínimo del 3%, un esquema que se repetiría para 2024, con un alza del 2% y un variable en función de la inflación de 2022 y 2023 con un mínimo del 2,25%. Para 2025, el esquema vincularía el alza al dato de inflación de diciembre de 2024 más un 0,25% adicional. Aseguran en la patronal que esta propuesta resulta una subida «encubierta ligada al IPC», además de que no cumpliría con el pacto de rentas que pretende Calviño. Pero los sindicatos advierten: «Si quieren un pacto de rentas, tiene que haber dos patas encima de la mesa: medidas eficaces para contener los precios y un pacto fiscal vinculado a cómo se protege a los colectivos sociales que lo están pasando particularmente mal», exigió ayer Sordo.

Para echar más leña al fuego, con la postura sindical se alineó ayer oficialmente Podemos, tras advertir Pablo Echenique, portavoz morado en el Congreso, de que «no habrá pacto de rentas efectivo sin una reforma fiscal». Consideró que sin esta medida «quedaría desvirtuado» un posible acuerdo y el pacto de Gobierno, tras volver a recordar que se debe dar cumplimiento a ese compromiso firmado por las dos formaciones, aunque la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, volvió ayer a enfriar esta posibilidad al aplazarla de «forma completa por la coyuntura económica complicada derivada del incremento de la inflación y la guerra de Ucrania», aunque sí reconoció que el Ejecutivo pretende una «redistribución» y «un reparto más justo» de los beneficios que se puedan estar generando con motivo del conflicto bélico y sus consecuencias, en alusión directa a los beneficios de las compañías energéticas.