Los sindicatos adelantan su “otoño caliente” en el sector público por el bloqueo del Gobierno a negociar los sueldos

Los sindicatos han anunciado un otoño caliente en conflictividad laboral, en busca de una negociación colectiva que acerque la subida salarial al incremento del IPC para minimizar la pérdida de poder adquisitivo. Pero las conversiones por los convenios colectivos del sector privado siguen rotas ante la exigencia sindical de añadir al acuerdo cláusulas de revisión salarial, una línea roja para la patronal “que no vamos a cruzar”. Tras la última reunión a tres bandas celebrada ayer junto a la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y los empresarios han decidido dar un paso más y aumentar la presión ampliando la conflictividad laboral al sector público.

CSIF ha vuelto a dar un ultimátum al Gobierno para que reinicie las conversaciones para cerrar la subida salarial de los funcionarios. Esta semana ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le reclama que desbloquee la negociación con el Ministerio de Hacienda, a cuya titular, María Jesús Montero, culpan de este bloqueo. Denuncia este sindicato que los empleados públicos arrastran una pérdida de poder adquisitivo superior al 15% por la inflación y que Montero ha “incumplido reiteradamente” el compromiso firmado hace un año de fijar un calendario de negociaciones, después de que Hacienda haya dado la orden para comenzar a elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Por ello, CSIF ha advertido de que iniciarán nuevas movilizaciones en las calles de toda España a partir de septiembre, dando paso a “un otoño caliente” en defensa de la dignidad y calidad de los servicios de los empleados públicos.

Hoy mismo, y en el mismo sentido, CC OO ha llamado a movilizarse a los tres millones de empleados públicos ante “la falta de voluntad” y la “pasividad” del Gobierno por negociar un acuerdo en materia salarial y de derechos. Para ello ha puesto en marcha un calendario de movilizaciones que contempla una primera concentración el jueves 14 de julio, frente al Congreso, para denunciar esta falta de diálogo ante el Gobierno y los grupos parlamentarios reunidos con motivo del debate sobre el Estado de la Nación.

El sindicato ha criticado la “ausencia de diálogo” del Gobierno para dar respuesta a estas reivindicaciones en medio de un panorama económico preocupante por la imparable subida de la inflación. En un comunicado, la organización ha remarcado sus objetivos principales: lograr un nuevo acuerdo salarial y de condiciones de trabajo, que garantice el poder adquisitivo, recuperar derechos recortados en anteriores crisis y avanzar en la mejora sustancial de la normativa y las condiciones de trabajo en el sector público.

El sindicato también cree que deben negociarse otras materias, entre las que destacan el desarrollo y actualización tanto del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) como del Estatuto Marco. Además, cree que se debe abordar la Ley de Función Pública de la AGE, los cambios normativos en materia de igualdad, la jornada de 35 horas, el desbloqueo de la tasa de reposición y plan de empleo para el rejuvenecimiento de las plantillas y la jubilación anticipada y parcial, entre otros asuntos.

Por otro lado, las principales organizaciones sindicales públicas con presencia en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social han anunciado que retomarán las acciones reivindicativas a partir de septiembre ante el reiterado incumplimiento por los ministerios de Trabajo, con Yolanda Díaz a la cabeza, y Hacienda y Función Pública del acuerdo al que llegaron hace ahora un año y que implica el fortalecimiento de la plantilla, entre otras reivindicaciones.

En una nota difundida hoy, CCOO, UGT y CSIF han denunciado que desde que el pasado 29 de marzo se llegara a un acuerdo para desconvocar la huelga prevista para el 30 de ese mismo mes no se han producido avances, por lo que se abre de nuevo la posibilidad de convocar una nuevo paro, el primero en la historia de la institución. El acuerdo firmado con el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, y la Dirección del Organismo de la Inspección de Trabajo para desconvocar la huelga incluía el reforzamiento de la plantilla en un plazo de tres meses que cumplía el 1 de julio. Transcurrido ese plazo, nada se ha materializado.

Precisamente, hoy también desde CEOE se ha recordado que la patronal está dispuesta a aprobar un pacto de rentas a través de un “acuerdo de país” en el que se incluyan las pensiones y sueldos públicos, aunque rechaza de plano indexar los salarios a la inflación y las cláusulas de revisión.