El Tribunal de Cuentas alerta sobre el agujero del SEPE en la pandemia: 13.126 millones

Tribunal de Cuentas propone que toda prestación por desempleo sea a cargo de la Seguridad Social, y no de SEPE El SEPE sufrió en la pandemia un déficit de financiación de 13.126 millones frente al exceso de la Seguridad Social en 23.000 millones

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano (c), durante una comparecencia en el Senado
La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano (c), durante una comparecencia en el Senado FOTO: Luis Millan EFE

Más de 13.000 millones de números rojos. Ese es el agujero que la pandemia y el Gobierno le han abierto al SEPE durante los últimos dos años. Así, según detalla el Tribunal de Cuentas en su Informe de Fiscalización sobre el impacto económico de la pandemia en las entidades y organismos de Trabajo y de Seguridad Social, la financiación que el Estado tuvo que transferir a la Seguridad Social y al Servicio de Empleo (SEPE) ascendieron a 38.802,6 millones de euros, de los que 36.502,6 millones se recibieron en la Tesorería General de la Seguridad Social -en dos transferencias corrientes por un total de 20.002 millones y un préstamo a diez años de 16.500 millones- y los 2.300 millones restantes en el SEPE -con otra transferencia por ese millones para cubrir sus defectos de crédito-.

El Tribunal señala que se ha producido un “exceso de financiación estatal de 9.992 millones de euros, la diferencia que va desde el importe de más enviado a la Seguridad Social de 23.160 millones al déficit de financiación de 13.126 millones en el SEPE, una cuantía que considera “insuficiente”, tras detectar carencias presupuestarias respecto a las cuales el Servicio de Empleo “desconoce si se deben a costes asociados a la pandemia o no, al no contar con categorías específicas para imputar estas ayudas.

El Tribunal se muestra especialmente crítico en la forma de organización dispuesta sobre la imputación de gastos e ingresos y del circuito de pagos y cobros de estas entidades, previsto en dos ámbitos institucionales distintos. Según recoge Europa Press del informe, mientras que el gasto por prestaciones y subsidios y los ingresos por cotizaciones sociales se imputan presupuestariamente al SEPE, “la corriente de pagos y cobros asociada a estas obligaciones y derechos se produce en la Tesorería General de la Seguridad Social”, lo que entiende es una “discordancia organizativa”, que ha dado lugar a que las posibles tensiones de liquidez derivadas del pago de las ayudas encomendadas al SEPE para hacer frente al Covid hayan sido gestionadas por la Seguridad Social.

Por esta razón, la institución financiera aporta su propia solución y plantea que “toda prestación o ayuda por desempleo, sea contributiva o no, se integre en los presupuestos de la Seguridad Social para reunificar en una única área administrativa la imputación presupuestaria de estos gastos y su pago material”. De esta forma, señala el órgano fiscalizador, se “evitarían posibles disfunciones entre el presupuesto del Servicio de Empleo y la liquidez de la Tesorería General de la SS” que, en todo caso, también podrían solventarse “si las transferencias del Estado que recibe el SEPE para la cobertura de estos gastos tuvieran entrada en el circuito financiero de la Seguridad Social”.

Es por esta razón por la que el Estado le otorgó un préstamo a diez años de 16.500 millones que, “pese a que permitió cuadrar las cuentas y asegurar la cobertura de gastos”, el Tribunal entiende que “no es la vía más adecuada de financiación” al carecer esta fórmula “de racionalidad económica-financiera al no tener la misma naturaleza presupuestaria, económica y financiera que los gastos que ha financiado”. Esto, además eleva el endeudamiento frente al Estado hasta 85.351 millones en 2020, el 7,61% del PIB. Además, advierte de que la devolución de este préstamo deberá realizarse con recursos propios del sistema procedentes de cotizaciones sociales, lo que contraviene “el principio de separación de fuentes de financiación regulado en la propia Ley General de la Seguridad Social, puesto que estas ayudas no forman parte de la acción protectora del sistema financiable con cotizaciones sociales, sino con aportaciones del Estado”.

El estudio también apunta que tanto el Fogasa como Muface no necesitaron recibir financiación adicional para afrontar las ayudas de la pandemia.

Eso sí, al menos defiende la buena gestión realizada por la Seguridad Social durante la pandemia, pese a un defecto de liquidez acumulado que alcanzó los 8.500 millones y que “fue cubriendo mes a mes por el efectivo proveniente de la financiación prevista para prestaciones contributivas” Por ello, elogió el buen gobierno y la gestión de de la Tesorería General para “anticiparse y estimar adecuadamente sus necesidades” y su rapidez para la “obtención de financiación adicional y la inmediatez de respuesta han evitado tensiones de liquidez”.