Los españoles trabajan «gratis» más de seis meses para el Estado

Los españoles van a marcar en rojo en el calendario el día de hoy, día en el que «empezarán a dejar de trabajar para el Estado y lo harán para ellos mismos». Es lo que la Fundación Civismo define como «Día de la liberación fiscal» y se produce 193 jornadas después de iniciarse el año 2022, en las que ha trabajado a jornada completa para cubrir el cupo de sus obligaciones tributarias. Los indicadores presentados en el informe de este «think tank» muestran la proporción que guardan los impuestos que se abonan respecto a la renta, un cómputo que se elabora cuantificando los días laborales que se necesitan cada año para satisfacer todos los tributos.

Según este estudio, si desde el 1 de enero todo el salario se reservara para pagar impuestos, se tardaría esos 193 días en ahorrar lo suficiente para cumplir con las exigencias de la Agencia Tributaria. «Este tiempo supone que hasta el día 13 de julio no empezaríamos a ingresar dinero para nosotros mismos, fecha a la que llamamos el Día de la Liberación Fiscal», recuerda la Fundación autora del informe. La fecha del 13 de julio se ha establecido con la media sobre las cotizaciones de todas las comunidades autónomas. Entre ellas, Cataluña será la comunidad que más tarde pueda celebrar su liberación fiscal. Lo hará el 21 de julio. En Cantabria llegarán, tres días antes, el 18. Castilla la Mancha y Valencia (17 de julio), Navarra y Baleares (16 de julio) y Asturias (15 de julio) les siguen en el ránking. Por el contrario, los más tempraneros en liberarse fiscalmente han sido Ceuta-Melilla y Murcia (9 de julio), Madrid, La Rioja, Andalucía y Castilla y León (11 de julio) y Canarias (12 de julio). El resto de las regiones coinciden con el día de hoy.

En el estudio, los autores denuncian que la proporción de rendimientos que el trabajador destina a financiar al Estado se ha disparado desde 2018. Así, cuanto mayor es la cuña fiscal, también lo es la cantidad de recursos que el contribuyente abonará al sector público, lo que le deja con «una menor renta disponible». Un contribuyente español destinará un mayor percentil de su renta a financiar a su Estado de lo que lo hace en promedio cualquier país de la OCDE. Mientras que «la cuña fiscal media de la OCDE lleva ocho años en descenso, en el caso español mantiene una tendencia alcista», incide el informe.

También destacan que la presión fiscal directa sobre las familias españolas ha crecido de forma imparable durante los últimos cinco años, aunque se ha disparado especialmente en el presente ejercicio. «Es incomprensible que, ante una inflación disparada, el Gobierno no haya deflactado el impuesto de la Renta, lo que hubiera permitido que los contribuyentes mantuvieran su capacidad económica», con una presión fiscal indirecta que ha ido en aumento desde la década de los años 90, aunque se observó una caída entre 2007 y 2013, durante la Gran Crisis Financiera, cuando «la recaudación se redujo ligeramente».

Pese a que en los últimos años aumentó la renta de las familias, el impacto de la pandemia redujo al “mínimo el consumo en los hogares” y, por tanto, “la recaudación de impuestos fue menor”, sobre todo en el año 2020. Con la vuelta a la normalidad tras el fin de las restricciones sanitarias, el consumo repuntó y con ello “la presión fiscal indirecta y su correspondiente subida de impuestos”.