Los altos funcionarios impugnarán el nuevo sistema de promoción interna de Montero

El Ministerio de Hacienda acaba de firmar el acuerdo con los sindicatos, pero sin contar con el apoyo y la opinión de las principales asociaciones de los cuerpos afectados

Complejo de Nuevos Ministerios en Madrid
Complejo de Nuevos Ministerios en Madrid FOTO: David Jar La Razon

El Ministerio de Hacienda y los principales sindicatos -UGT, CC OO, Csif y CIG- rubricaron el pasado día 19 el acuerdo sobre el nuevo sistema para convertir personal laboral fijo en personal funcionario. Un método que ha levantado ampollas entre los integrantes del subgrupo A1, el de más nivel y que da acceso a cargos tan relevantes como los de subdirector general, director general y subsecretario. Tanto es el malestar entre estos funcionarios que fuentes de las asociaciones profesionales han asegurado a LA RAZÓN que, en cuanto el acuerdo se plasme en una norma, lo impugnarán en los tribunales. El acuerdo, según estas organizaciones, no identifica qué autoridad de Función Pública lo ha rubricado y en virtud de qué facultades, lo que, a su entender, infringe claramente el ordenamiento jurídico.

Desde la Asociación Profesional de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos del Estado, que representa a los funcionarios que integran esta escala interdepartamental del subgrupo A1, explican que la posibilidad de promocionar hasta su grupo a personal laboral es posible desde hace quince años y que, en ese sentido, no tienen ningún problema en que estos trabajadores puedan acceder a la condición de funcionario.

A lo que este colectivo se opone es al nuevo método que ha acordado Hacienda y Función Pública con los grandes sindicatos para hacer la promoción. Hasta hora, el personal laboral fijo del grupo 1 podía participar en dichas convocatorias de promoción en las mismas condiciones y con los mismos ejercicios y dificultad que los funcionarios de promoción interna del subgrupo A2. Ahora, sin embargo, se ha diseñado a su entender un sistema nuevo y a la carta, carente de dificultad, que supone una “flagrante vulneración de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad”, en relación con el personal funcionario de carrera.

En lo que se refiere al principio de igualdad, entienden que se vulnera porque mientras que a un funcionario del subgrupo A2 se le exige pasar cuatro pruebas, con un programa de 83 temas para acceder al A1 -más la oposición previa que han tenido que superar para ingresar en su subgrupo de origen-, al personal laboral le bastará con el nuevo método con realizar un solo ejercicio tipo test -con tres posibles respuestas y sin que los errores resten- con un programa de 16 temas. Esto, aseguran, “da facilidades inusitadas al personal laboral para que tenga la posibilidad de acceder a dicha funcionarización, siendo una medida que trata de forma totalmente desigual dicho acceso entre el personal laboral fijo del grupo 1 y el funcionario del subgrupo A2, que hasta ahora tenían el mismo sistema de acceso al subgrupo A1″.

El modelo también supone a su entender una merma injustificada, de dudosa constitucionalidad, de los principios de mérito y capacidad en tanto que “es imposible acreditar nivel suficiente para el desempeño de las altas responsabilidades que tienen que ejercer los funcionarios del subgrupo A1, con el estudio de sólo 16 temas y una prueba tipo test de 80 preguntas, con tres alternativas, sin que las contestaciones erróneas penalicen”.

Desde esta asociación -y también desde la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración (Fedeca)-, creen que este sistema, que afecta, asimismo, a la escala de gestión de organismos autónomos (subgrupo A2), a la escala administrativa de organismos autónomos (subgrupo C1), y a la escala auxiliar de organismos autónomos (subgrupo C2), no sólo amenaza los principios de mérito y capacidad sino que va también en contra de la propia función pública. En su opinión, los que progresen con este método de “funcionarización” van a estar menos preparados y algunos van a ocupar cargos de gran responsabilidad, advierten. En el caso de los A1, se trata, añaden, de un problema que se va a extender a todos los ministerios, donde va a haber “un nivel bajo de cualificación”, lo que podría tener consecuencias nefastas para la ciudadanía en un momento en el que desde la Administración central se deben afrontar enormes retos como la gestión de la pandemia y los 70.000 millones de euros que están llegando desde la Unión Europea en forma de ayuda.

Desde la Asociación Profesional de la Escala Técnica de Gestión de Organismos Autónomos remitieron el pasado 7 de enero una carta a Lidia Sánchez Milán, Secretaria de Estado de Función Pública, solicitándole una reunión para abordar el asunto sin que, según aseguran, hayan recibido hasta ahora respuesta alguna. Tanto esta asociación profesional como Fedeca están molestos no sólo con los cambios introducidos en el sistema de promoción sino también porque no se les haya hecho ninguna consulta siendo unos de los principales afectados.”