Las constructoras al límite: “Miles de pymes van a desaparecer por el fracaso del decreto de revisión de precios”

La patronal denuncia que el Gobierno ha provocado que el 95% estén excluidas de la revisión de costes, que el 80% de las empresas no puedan licitar, que otro 80% de las licitaciones queden desiertas y de que más del 99% se quede fuera

Pedro C. Fernández-Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción
Pedro C. Fernández-Alén, presidente de la Confederación Nacional de la Construcción FOTO: CES CES

Los dos decretos -el 3/2022 y 6/2022- aprobados por el Gobierno para revisar los precios de los costes de las obras públicas excluyen hasta a un 95% de las obras licitadas desde el 1 de enero de 2021 y deja fuera de la posibilidad de licitar al menos al 80% de las empresas españolas, una cifra que se dispara por encima del 99% si se incluyen solo pequeñas o medianas empresas. Esta es solo una de las terribles conclusiones del último informe de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), que recoge un diagnóstico sobre la aplicación de estas dos leyes y un decálogo de propuestas para “garantizar el futuro de miles de empresas, en peligro de desaparición por el fracaso de estos decretos, que impiden el acceso a las obras a la mayoría de las empresas”, denunció el presidente de la principal patronal del sector, Pedro Fernández Alén.

En su presentación, insistió en que la solución propuesta por el Gobierno para afrontar el incremento de los costes de las materias primas que sufren las empresas en sus licitaciones “no ha funcionado” y se están “abandonando proyectos, produciéndose una parálisis del sector y el cierre de constructoras”.

La patronal acusó directamente a Hacienda -la responsable del texto “culpable” de esta situación- de estar obligando a las empresas a “incumplir los tiempos de ejecución” para poder acceder a la compensación de la subida de costes, lo que provoca que “esté empezando a haber retrasos en las obras” para poder cumplir con los requisitos exigidos, que la norma aplica a aquellas obras estuviesen “en ejecución” en el momento de entrada en vigor de los reales decretos con lo que se ha primado “a aquellas obras que han ralentizado su actividad a la espera de un contexto más favorable en los precios y se está perjudicando a aquellas que hicieron el esfuerzo por cumplir los plazos”.

La mayor limitación denunciada por la CNC es que la duración de estas obras tenía que extenderse a lo largo de “todo 2021 y los primeros tres meses de 2022″, es decir, 15 meses, por lo que todas las empresas que hayan licitado o quieran licitar un contrato a partir de febrero de este año -es decir, no lo hayan hecho durante el mes de enero de este año- se quedarían fuera del paraguas de este decreto y, por tanto, de la revisión de precios, “que es por lo que se hizo este decreto, algo absurdo y que hemos venido a denunciar”, insistió el secretario general de la CNC, Mariano Sanz. Según sus cuentas, de las 6.679 obras públicas licitadas en 2021 y 2022, 5.307, el 79,5%, tienen una duración inferior a la establecida en el decreto, por lo que el 80% de las obras quedarían fuera y afectaría el 99% de las pequeñas y medianas empresas, ya que las normativas aprobadas están pensadas para una “una tipología de obra especialmente grande y de un plazo de ejecución especialmente amplio”.

En este sentido, la exposición de motivos de los reales decretos podría plantear la presentación de contenciosos administrativos “con bastante garantía”, por lo que recurrir a la vía judicial puede ser la única alternativa de salvación para miles de pymes.

“Muchas empresas están muriendo por los sobrecostes” -un 33% de las pymes del sector-, por lo que el sector está “abocado a la paralización en pocas semanas. La intención con estos decretos era buena, pero el resultado es nefasto”, advirtió Fernández Alén, que recordó que estos reales decretos se aprobaron a petición de las constructoras, para permitir una revisión precios “excepcional” en contratos públicos de obras afectados durante 2021 por un aumento de costes superior al 5% del importe certificado en ese ejercicio y hasta un máximo del 20%. Esas medidas se ampliaron a más casos, a finales de marzo, en el real decreto-ley de ayudas contra el impacto de la guerra de Ucrania, pero esta modificación ha complicado aún más los requisitos por culpa de un texto confusamente redactado, ya que solo sirve para un número muy reducido de grandes obras, dejando al margen al resto de pymes. “Por eso el 80% de las licitaciones están quedando desiertas”.

Por ello, han propuesto al Ministerio de Transportes un decálogo de modificaciones para “pulir el real decreto y ayudar a resolver estas limitaciones” para más del 90 % de las empresas que no pueden aplicar la revisión de precios “porque el decreto se basa en una tipología de obra ferroviaria o de carreteras de un importe económico especialmente grande y con unos plazos de ejecución particularmente amplios”. Solo el criterio de aplicación a obras de más de un año deja fuera al 80%.

Dentro de este decálogo de modificaciones, la patronal reclama que la aplicación en las obras comenzadas sea partir del 1 de enero de 2021 y en ejecución durante ese año aunque la certificación final de las obras sea anterior a la entrada de la normativa, la aplicación del silencio administrativo positivo, la inclusión de más materiales y del coste de la energía, el permiso para prever la sustitución de materiales y la eliminación del valor máximo de compensación del 20% sobre el precio de adjudicación del contrato. Asimismo, reclamaron la vinculación de las administraciones locales a la decisión de la comunidad autónoma y la inclusión de contratos de servicios, conservación y mantenimiento de infraestructuras.