La revalorización de las pensiones con el IPC a dos dígitos se comerá 22.000 millones

Los precios están desatados y su impacto comienza a trascender el día a día en los bolsillos de los españoles. Todo está contaminado ya por una inflación que ha escalado al 10,8% tras el récord de junio del 10,2%. Dos meses consecutivos a doble dígito no auguran nada bueno porque cuando la espiral inflacionaria se desata es muy complicado contenerla. Más aún si la inflación subyacente, sin energía ni los alimentos no elaborados, supera el 6%. A este ritmo, el Gobierno podría quedarse incluso corto en la transferencia de capital prevista para las pensiones en el borrador presupuestario elaborado por Hacienda.

El Ejecutivo ha previsto una inyección de casi 20.000 millones hacia la Seguridad Social en 2023, un 8% más que el presente ejercicio, para afrontar un gasto en pensiones que desbordará el récord de 2022: 170.494 millones de euros. La previsión es que el gasto para el próximo ejercicio ronde los 185.000 millones de euros como consecuencia de la entrada de las primeras cohortes del “baby boom” a la jubilación y de la revalorización de las mismas con respecto a la inflación. Esto si se cumplen las previsiones de Bruselas, que apunta a una inflación del 8% para España a cierre de año. Más optimista es el Gobierno, que la sitúa en el 7,8% pese a que algunas entidades de análisis, como Funcas, la dejan rozando el 9%. ¿Qué ocurriría si el Gobierno yerra de nuevo en sus previsiones y el IPC cierra en el entorno de los dos dígitos? El agujero para las arcas públicas será notable y más aún en los planes de gasto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que debería apretarse el cinturón si se atiene a la recomendación de Bruselas de no elevar el gasto por encima del crecimiento, más aún cuando este no hace más que menguar.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) calcula que actualizar las pensiones con una inflación al 7,8%, como pronostica el Ejecutivo, costaría unos 15.000 millones a las cuentas públicas tras la entrada en vigor de la reforma de las pensiones que supone la revalorización de las mismas conforme al indicador que mide la evolución del coste de la vida.

“El incremento de la previsión de inflación al 7,8% supondría una subida del gasto en pensiones en 2023 del 10,1%”, explicaba recientemente el director de la división de análisis presupuestario, Ignacio Fernández-Huertas, durante la presentación del ‘Informe sobre la Ejecución Presupuestaria, Deuda Pública y Regla de Gasto 2022 de las Administraciones Públicas’.

El organismo fiscalizador ha elevado también del 6,5% al 7,8% sus previsiones para la inflación media este año, reconociendo que este indicador ha seguido sorprendiendo al alza y cada vez es mayor el porcentaje de productos y servicios de la cesta de consumo que presentan incrementos de precios elevados. Y eso antes de que el IPC de julio sorprendiera aún más rondando el 11%.

Según la AIReF, la intensidad y la persistencia de la inflación está teniendo un impacto elevado en la capacidad de compra de los hogares, especialmente en los de menores rentas, que ya se habían visto afectados por la pandemia, y aumenta el riesgo de que se produzcan pérdidas de competitividad frente al exterior y supone el alza del gasto en pensiones tras la reforma que entró en vigor el 1 de enero de este año.

Este pasado viernes, la propia Autoridad Fiscal constataba que “se están materializando algunos de los riesgos” apuntados en mayo, lo que le obligaba a rebaja su estimación de crecimiento para 2023 hasta el 2%, siete décimas por debajo de lo que espera el Gobierno, y a eleva por encima del 3 % su previsión de inflación para ese año. Además, el miedo se está instalando en los bolsillos, acrecentado por la pérdida de capacidad de ahorro de los españoles, que se está evaporando en los dos últimos años.

La AIReF ha recordado al Gobierno que aún no se ha concluido la reforma de pensiones y falta por saber el mecanismo que va a garantizar su sostenibilidad. “Seguimos sin saber cuál es la actuación prevista para los próximos meses y la planificación”, advertía la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero.

De seguir los precios en los dos dígitos de poco servirá que los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social rocen los 70.000 millones (69.051), un incremento del 8,4% y un máximo histórico de los últimos quince años. El crecimiento de las cotizaciones supera en más de dos puntos el incremento del gasto en pensiones, que aumentó el 6,3%, hasta los 62.011 millones de euros. Este aumento del gasto en pensiones (incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares) es consecuencia del incremento del número de pensionistas (0,8%), a la elevación de la pensión media (5,5%), así como a la revalorización general del 2,5%. Los gastos adicionales a los que debe hacer frente la Seguridad Social impiden que el superávit a 30 de junio de 2022, de 10.511 millones de euros, un 182% más sobre los 3.719 millones de euros del mismo periodo del año pasado, logren taponar los agujeros.

De hecho, si la inflación prosigue esta senda y se instala en los dos dígitos a cierre de año, cerca de las previsiones de Funcas, el gasto adicional por su revalorización con el IPC superaría los 20.000 millones del “rescate” a la Seguridad Social previsto por el Gobierno en unos 2.000 millones. Una cifra que deterioraría más aún las cuentas.