Los transportistas creen que la norma aprobada por el Gobierno para evitar que trabajen a pérdidas “no es suficiente”

“No es suficiente”. Así se ha referido el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), órgano del sector que actúa como interlocutor del Gobierno, a la normativa aprobada este lunes 1 de agosto por el Consejo de Ministros para asegurar la rentabilidad del sector. En un comunicado, el Comité ha denunciado que el texto no contiene unos mínimos requisitos de seguridad jurídica que permita su aplicación real en el mercado y no actúa sobre una tema relevante en el sector como es la limitación de la subcontratación.

El Comité hace hincapié en la “complejidad” de la puesta en marcha de una normativa “que deja sin resolver el objetivo para la que se acordó”. Pese a su disconformidad, espera que las diferencias no sean “insalvables”, y muestra su disposición a seguir trabajando en los próximos meses.

El nuevo real decreto ley contiene la normativa para aplicar al sector del transporte los mismos principios que rigen la Ley de la cadena alimentaria para garantizar que no trabajan a pérdidas. En concreto, el texto establecela obligatoriedad de que los contratos firmados con el transportista efectivo se hagan por escrito y reflejen el precio, que siempre deberá ser igual o superior a los costes asumidos por el transportista. Además, incluirá un régimen sancionador, con multas de hasta 4.000 euros, y un código de buenas prácticas sobre la subcontratación en el sector con la idea de trasladarlo a una ley en el plazo de seis meses.

Asimismo, también se contempla un nuevo paquete de ayudas al sector por valor de 450 millones de euros. Este paquete replica las ayudas que fueron aprobadas a finales de marzo, con pagos directos de 1.200 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros para ambulancias, taxis y VTC. Como novedad, estas ayudas van a incluir también a los autobuses urbanos, los camiones de mudanzas y los taxis de Ceuta y Melilla, que no se beneficiaron del primer paquete. Además, el real decreto ley contemplará aportaciones para que las Administraciones Públicas puedan compensar a las empresas con concesiones de transporte público por el incremento del precio de los carburantes.

Según anunció la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, estas medidas “complementan los compromisos con el propio sector”, y dan respuesta “a la inmensa mayoría de los españoles que sufren las consecuencias” de la invasión rusa de Ucrania.