El Gobierno autoriza que se puedan otorgar contratos a dedo para cumplir con el plan energético

La polémica no cesa con el plan de ahorro energético aprobado el pasado lunes en el Consejo de Ministros. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha visto forzada a convocar de nuevo la conferencia sectorialcon los máximos responsables autonómicos en las áreas de Energía, Industria y Comercio, junto a los representantes de la FEMP, para «analizar todos los detalles» del plan y «despejar dudas» sobre el alcance y aplicación de las medidas que entran el miércoles en vigor.

Entre esas dudas se encuentra el caos que ha provocado la inconcreción del texto publicado en el BOE sobre aplicación del baremo de temperatura en 27 grados, ya que choca con otra normativa que limita el «trabajo ligero» –como el de bares y restaurantes– a 25 grados. El Ministerio tuvo que publicar este fin de semana una nota en la que daba «flexibilidad» para que «en esos casos» se pueda rebajar dos grados la temperatura. Además, los gobiernos regionales han trasladado sus quejas sobre la incertidumbre que provocan las sanciones que deberán imponer –suyas son las competencias– a los que incumplan las medidas aprobadas, ya que se plantea una gran inseguridad jurídica ante la arbitrariedad que puede generar su aplicación según el territorio en el que se aplique.

Por otro lado, también suscita muchos recelos que el decreto ley autoriza a las administraciones públicas a adjudicar contratos «negociados sin publicidad para mejorar la eficiencia energética de sus edificios e instalaciones» hasta final de año. Es decir, podrán hacerlo a dedo y sin concurso público. Lo recoge el artículo 30 del texto, que establece que, «de forma transitoria hasta el 31 de diciembre de 2022», las instituciones públicas podrán contratar servicios de mejora energética de sus instalaciones «sin concurso público y tras negociar directamente con la empresa adjudicataria por causa de imperiosa urgencia».

La nueva normativa aprobada para reducir el gasto energético en el 7% exigido por Bruselas obliga a limitar a 27 grados la temperatura del aire acondicionado y apagar la iluminación de los escaparates y edificios públicos desocupados. Para poder adaptar edificios a esta nueva situación, las administraciones están ya autorizadas a contratar directamente a la empresa sin concurso previo, con la única justificación de que el servicio debe corresponder a una «imperiosa urgencia» por «los acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, derivados de la situación existente» tras la invasión de Ucrania, recoge el texto publicado en el BOE.

Por tanto, se permitirá a las entidades públicas acogerse a este procedimiento de contratación «si las actuaciones a realizar son obras de rehabilitación energética de los edificios e instalaciones o la sustitución de sistemas de alumbrado interior o exterior «por alternativas más eficientes», según recogió Servimedia. También entran dentro de los supuestos fuera de la normativa estándar de contratación pública la instalación de sistemas de generación de energía eléctrica de fuentes renovables para autoconsumo y la sustitución de sistemas o equipos de climatización o de producción de agua caliente sanitaria por sistemas o equipos que utilicen exclusivamente fuentes de energía renovable y verde.

Pero esta manga ancha otorgada por el Ejecutivo también tiene sus limitaciones, por lo que si la readaptación de los edificios «resulta de una falta de planificación o de mantenimiento por parte de la Administración, no se considerará una actuación estrictamente indispensable a los efectos», por lo que quedarán fuera de este paraguas. Además, el Gobierno exigirá a las entidades públicas que contraten servicios «por el procedimiento de negociado sin publicidad» que los ejecuten en un plazo máximo de un mes desde su formalización, así como la obligatoriedad de emitir una memoria justificativa «que explique la causa de urgencia».

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamó ayer la convocatoria de una Conferencia de Presidentes esta semana para que las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias, tengan «voz y voto en el conjunto de decisiones».