No es no a cambiar el plan energético pese a la arbitrariedad sobre las sanciones o la inseguridad jurídica

A 24 horas de que entre en vigor el real decreto del plan de ahorro energético, el Gobierno no ha sido capaz de apagar el fuego que crece entre los gobiernos autonómicos que no son socialistas. Tres horas y media de reunión entre las ministras de Transición Ecológica. Teresa Ribera, y Comercio e Industria, Reyes Maroto apenas sirvieron para que las críticas arreciaran y las posturas se enquistaran aún más.

La conferencia, que se vio forzada a convocar Ribera ante las dudas sobre la aplicación de las medida de ahorro energético y de control de la temperatura en edificios públicos, terminó como había empezado, con la petición de retirada del decreto por parte de las regiones gobernadas por el Partido Popular (Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia), a las que se unieron otras, como País Vasco o Cataluña.

El representante del Govern catalán calificó directamente la reunión «pérdida de tiempo», al no haberse resuelto ninguna de las dudas generadas «ni se han tenido en cuenta ni las críticas ni las opiniones que han surgido». Las comunidades habían rebajado sus exigencias y reclamaban una retirada parcial del decreto, lo que correspondía con los cortes a la iluminación, el control de temperatura y las sanciones a aplicar. Pero la respuesta fue clara por parte de Ribera: «No va a haber ningún aplazamiento. Las medidas entrarán en vigor el miércoles. Ni ha habido ningún cambio en el decreto ni se ha modificado nada. Todo sigue igual».

Si todo sigue igual significa que lo son también las dudas y la incertidumbre sobre las consecuencias de la aplicación del decreto. Y la «inseguridad jurídica», también. Así lo denunció el vicesecretario de Organización Territorial del Partido Popular, Miguel Tellado, que exigió al Gobierno la retirada «inmediata» del plan porque se ha hecho «de espaldas» a las comunidades autónomas, a los territorios, los municipios y las organizaciones empresariales, «sin atender a las peculiaridades» de cada uno «de los territorios» ni de los sectores afectados, como los comercios, los supermercados, el cine o el teatro. Además, criticó que el Ejecutivo tampoco ha tenido en cuenta el «impacto económico que tendrá en sectores claves».

Así lo entiende también el analista económico y profesor de EAE Business School Juan Carlos Higueras, que vaticina que estas medidas no van a ser «eficaces ni efectivas» porque «no se han tenido en cuenta las peculiaridades geográficas y económicas ni de las regiones, ni de las ciudades ni de los negocios». Incluso el vicepresidente de Castilla-La Mancha, el socialista José Luis Martínez Guijarro, aunque se mostró a favor de las medidas, reclamó que «queden claras las condiciones» para la aplicación del decreto ley que las recoge.

Lo que más incertidumbre continúa generando es la aplicación de los límites de temperatura y las sanciones para quién no los cumpla. El Ministerio tuvo que publicar este fin de semana una nota en la que insistía en la «flexibilidad» para que «en algunos casos» se pueda rebajar dos grados la temperatura, en los casos en los que se desarrolle un «trabajo ligero no sedentario».

Pero esa «flexibilidad» crea mayor incertidumbre para los que deban hacer cumplir la norma, en este caso las autonomías –suyas son las competencias–, ya que se plantea una gran inseguridad jurídica ante la arbitrariedad que puede generar su aplicación según el territorio en el que se aplique o sobre la interpretación personal que se haga por parte del inspector.

Fuentes de la propia Inspección de Trabajo han confirmado que los trabajadores cuyo trabajo sea activo y en movimiento deberían desarrollar su actividad con una temperatura de 25 grados, por lo que en la práctica la «norma es inaplicable» en bares y restaurantes, pero incluso en los comercios grandes con mucho movimiento del personal la «norma hace aguas», critican. Por tanto. comerciantes y hosteleros quedan a merced de la interpretación que hagan las administraciones sobre la intensidad de la actividad que realizan en sus propios establecimientos, lo que puede derivar en arbitrariedad e inseguridad jurídica. «Flexibilidad», volvió a ser ayer la única respuesta de Ribera.