España quiere topar el mecanismo para contaminar menos

Europa se prepara para un invierno de restricciones energéticas ante los previsibles cortes de suministro del gas ruso. Una situación imprevisible que tensionará aún más los precios de esta materia prima, crucial para calentarse y para la generación eléctrica. Tanto que la gasista estatal rusa Gazprom ya ha alertado con unos precios para este invierno que podrían llegar a ser hasta un 60% más caros, hasta alcanzar los 4.000 dólares por cada 1.000 metros cúbicos de gas. El negro panorama ha hecho cambiar de plano la política energética comunitaria, que ha incluido al gas y la nuclear entre las tecnologías consideradas «verdes», y ahora podría afrontarse un nuevo cambio de rumbo.

El foco está puesto en los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2) y ha sido España la primera en abrir el melón sobre los precios que se están pagando. El Gobierno se plantea pedir en septiembre a la Comisión Europea la reforma del funcionamiento del mercado eléctrico y «desacoplar» el precio del gas del precio mayorista, así como «el establecimiento de un tope máximo al precio de las emisiones de CO2».

El propio presidente del Gobierno avanzó antes de irse de vacaciones esta posibilidad que ha ido cobrando fuerza ante otra subida meteórica de los precios del gas en los mercados en cuanto apriete la demanda. Sánchez considera claves estas dos medidas para «doblegar la curva de la inflación», que está en 10,8% en tasa interanual, con los datos de julio.

El comercio de derechos de emisión es un instrumento de mercado, mediante el que se crea un incentivo o desincentivo económico que persigue un beneficio medioambiental: que un conjunto de plantas industriales reduzcan colectivamente las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

En total, en la Unión Europea el pago de estos derechos afecta a más de 10.500 instalaciones fijas y cerca de 500 operadores aéreos, cuyas emisiones de gases de efecto invernadero se sitúan en torno a las 1.740 millones de toneladas de CO2 equivalente, alrededor del 40% del total emitido en los países participantes. En España, este régimen afecta a casi 970 instalaciones y a unos 30 operadores aéreos. Supone también en torno a un 40% de las emisiones totales nacionales de todos los gases de efecto invernadero.

Para lograr el objetivo de la Unión Europea de reducción de emisiones de al menos un 40% en 2030 con respecto a 1990, los sectores incluidos en el sistema de comercio deben lograr una disminución de emisiones conjunta del 43% en 2030 en relación con los niveles de 2005. Para alcanzar dichos niveles, la reducción anual de emisiones ha pasado del 1,74% durante la fase 3 (2013-2020) al 2,2% en la fase 4 (2021-2030). Aunque el método principal de asignación de derechos de emisión a las empresas es la subasta, continúa la asignación gratuita.

Los derechos permiten a una instalación afectada por este régimen emitir una determinada cantidad de gases a la atmósfera. El derecho de emisión es transferible: se puede comprar o vender. Al fijarse un tope a los derechos de emisión se lograría frenar uno de los factores añadidos al encarecimiento de los precios del gas natural. Los otros dos son el propio precio de la materia prima y el objetivo medioambiental que otorga valor económico al derecho de emisión al crear escasez del mismo. Sin embargo, topar el precio de estos derechos elimina en buena medida el desincentivo económico para contaminar menos.

Casi 91 euros en febrero

El precio de los derechos de emisión de CO2 se mantiene en los 83,22 euros por tonelada emitida de media anual, tras los máximos registrados en febrero pasado, cuando el comienzo de la invasión rusa de Ucrania elevó el coste por encima de los 90 euros de media mensual (90,79 euros).

En cualquier caso, estos precios son un 55% más caros que la media de hace un año (53,22 euros por tonelada) y más de tres veces superiores a los que 2019, cuando la tonelada media emitida pagaba una penalización de 24,8 euros.

Las instalaciones afectadas por el comercio de derechos de emisión deben entregar una cantidad de derechos de emisión equivalente a las emisiones reales producidas. No se establecen límites de emisión individuales, pero sí un límite global y la citada obligación de cubrir las emisiones con derechos. Las instalaciones sujetas al comercio de derechos de emisión deben llevar un control de sus emisiones, con objeto de que se pueda determinar qué cantidad de derechos de emisión deben entregar.

Actualmente existen mercados de emisiones que operan en distintos países y que afectan a diferentes gases.